El Ministerio de Medio Ambiente y la Demarcación de Costas en Málaga se han comprometido a despejar y decidir el futuro de los Baños del Carmen en los próximos tres meses, de aquí al 31 de diciembre, y «acabar definitivamente con los años de incertidumbre y de degradación de esta zona», según avanzó ayer a La Opinión de Málaga el responsable de la Demarcación de Costas en Málaga, Ángel González, que matizó que ésta es la intención de los responsables del Ministerio a expensas siempre de los procesos administrativos y sus plazos.
La adquisición de la concesión del Balneario por parte del exconcejal del PP José Luis Ramos; de Damián Caneda, hijo del exconcejal del Ayuntamiento; de la familia Lumbreras Van Dulken y del empresario Alberto Yarte a los empresarios Felipe Acha y Francisco Vera no alterará los planes del Ministerio de Medio Ambiente, según explicó González , ya que mantienen la doble idea de negociar, por una parte, con los propietarios de la concesión un acuerdo que permita ejecutar el proyecto de rehabilitación de forma conjunta, pero a su vez reiniciará los trámites para rescatar la concesión que expira en 2018 por si no hay acuerdo.
De esta manera, la Demarcación de Costas de Málaga reabrirá el expediente administrativo para el rescate de la doble concesión antes de 15 días: la del Balneario y la de Astilleros Nereo. «Tenemos que tener autorización de la dirección general de Costas para retomar el expediente, la solicitamos en julio y en unos quince días tendremos autorización para retomar la vía del rescate».
Una vez que el expediente se ponga en marcha necesitará un plazo aproximado de nueve meses para resolverse. «Entre otras cosas necesitamos un informe favorable del Consejo de Estado para poder rescatar la concesión antes que acaba el plazo de la misma en 2018».
Paralelamente, Costas tiene intención de llamar a los nuevos propietarios para negociar con ellos un acuerdo similar al que se pretendía con los anteriores concesionarios. El acuerdo desembocaría en una solución mixta o público-privada para el futuro del Balneario. Básicamente consiste en que el Ministerio ampliaría la concesión entre 25 y 30 años más a cambio del abono de un canon por los concesionarios que oscilaría entre los 2 millones y los 2450.000 euros, en función de los años de ampliación. Además, la concesión se limitaría exclusivamente al edificio del Balneario convertido en restaurante y a su terraza. «Todo lo demás quedaría como espacio liberado de uso público», aclaró González.
El acuerdo con los nuevos concesionarios y con Nereo implicaría lógicamente la paralización del rescate de la concesión.
La llegada de unos nuevos propietarios destierra definitivamente el proyecto constructivo elaborado por el arquitecto Salvador Moreno Peralta. Tanto si hay acuerdo con los nuevos concesionarios o si se restaca el Balneario, el proyecto que se ejecutará es el elaborado por Medio Ambiente en 2010 pero con los recortes realizados en el último año para rebajar su presupuesto y hacerlo viable.
El acuerdo con los nuevos concesionarios supondría que, además de rehabilitar el restaurante, abonarían los 2 o 2,5 millones del canon en dinero líquido o costeando la parte del proyecto que se desarrolla en tierra: rescata arbolada y la regeneración del antiguo camping y de las pistas deportivas. Los dos millones cubrirían la financiación de esta parte del proyecto.
El Ministerio se haría cargo del proyecto marítimo como es la regeneración de la playa, la construcción de espigones y del paseo marítimo, que requiere más inversión.
Ángel González explicó que aunque en el proyecto de Presupuestos del Estado no figura ninguna cantidad para este proyecto, «una vez que los planes sobre la zona queden clarificados, la Dirección General de Costas tiene unos fondos que se pueden emplear para el mismo, al menos para iniciar las obras si fuera posible en 2015».
La falta de acuerdo con los concesionario llevaría al rescate y a que todo el proyecto tuviese carácter y financiación pública. Tanto si el proyecto es finalmente público como mixto, el Ministerio quiere la implicación del Ayuntamiento de Málaga, bien financiando la obra terrestre si el proyecto es público, bien haciéndose cargo de la gestión y el mantenimiento de esa misma zona terrestre una vez fuese reacondicionada por los concesionarios, una propuesta que el Ayuntamiento vería razonable, señaló Ángel González.
