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IU desconfía del alcalde y lleva el contrato del Pompidou a la comisión de transparencia

El grupo pondrá también sobre la mesa los cuatro contratos adjudicados para las primeras obras del Benítez, al considerarlos "un fraude de ley"

Presentación del Pompidou en París el 3 de septiembre.

Presentación del Pompidou en París el 3 de septiembre. / EFE

La Opinión

­El grupo de Izquierda Unida llevará dos asuntos a la comisión de transparencia que se celebrará el próximo 28 de octubre. Se trata de la negociación, costes y garantías que tendrá para la ciudad la posible instalación de una sucursal del Museo Pompidou en el cubo del Puerto y de la parcelación en cuatro adjudicaciones distintas de las obras de acondicionamiento del Campamento Benítez y las previsiones para 2014, cuyo presupuesto incluye dos millones.

Respecto al Pompidou, IU lleva el asunto a la comisión de transparencia para sacarlo «de opacidad y falta de transparencia». Su portavoz, Eduardo Zorrilla, lo justificó señalando que «se ocultan datos, cada cifra que se conoce es mayor que la anterior, y son absolutamente disparatadas las formas en la que los responsables de esta mala gestión están dando explicaciones. Además, el contrato y la documentación a la que hemos tenido acceso están incompletos puesto que faltan los anexos. No se ha facilitado la documentación completa y todavía existe una gran inseguridad jurídica porque en este tipo de contrato puede generar la posibilidad de que el Pompidou se retire en cualquier momento, incluso antes de que se cumpla el periodo de cinco años previsto».

Respecto al Benítez el grupo recuerda que a finales de 2013, se adjudicaron, sin concurso público, 4 proyectos de obras, todos ellos por una cantidad similar, de en torno a 200.000 euros, más el IVA, en el límite de lo que se establece en la Ley de Contratos del Sector Público para las obras por procedimiento negociado sin publicidad.

La división de las obras en cuatro contratos «tenían la finalidad de evitar un procedimiento abierto y evitar de esa forma un concurso público o la concurrencia de otras empresas a la licitación, 200.00 euros (IVA excluido).

IU piensa que «lo que se ha hecho por parte del equipo de gobierno puede suponer un fraude de ley, dado que la Ley de Contratos del Sector Público, la jurisprudencia y la Junta Consultiva de Contratación, prohíbe fraccionar en partes para sortear los límites económicos fijados. Se ha podido producir un incumplimiento de los requisitos legales de contratación consistente en el fraccionamiento de actuaciones que podían constituir un proyecto y presupuesto único».

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