La Junta pide a los municipios que en dos años identifiquen las «casas irregulares»

La tensión de las últimas semanas quedó aparcada ayer, durante la rueda de prensa que sirvió para presentar el anteproyecto de Ley que permitirá modificar la LOUA y permitir la regularización definitiva de alrededor de 25.000 viviendas construidas en suelo no urbanizable en Andalucía -casi la mitad localizadas en la comarca malagueña de la Axarquía-. Ante las cámaras, dos de los máximos representantes del PSOE-A y de IULV-CA se apresuraron a manifestar el «acuerdo y diálogo» o que «ninguna formación haya cedido respecto a la otra».

Lo que más llamó ayer la atención del nuevo texto, a juicio de los potenciales beneficiarios de este nuevo intento de regulación, es lo relativo a los plazos: después de dos años en los que apenas ha habido avances en esta materia, los ayuntamientos disponen de otros dos años para «identificar las viviendas irregulares». Es un periodo demasiado prolongado para miles de familias que en algunos casos acumulan cerca de una década de espera, con la ilusión de ver normalizado el estado de unas casas que en muchos casos adquirieron sin conocer esa verdadera situación urbanística de sus nuevos hogares.

No obstante, como ansiaban desde que fuese anunciado oficialmente, decenas de propietarios desplazados ayer hasta Sevilla pudieron verificar que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía daba luz verde «al inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para incorporar medidas urgentes en relación a las edificaciones de uso residencial construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable». Un día que ya guardan en su memoria, como fechas históricas que sin embargo no depararon el avance que esperaban en la situación legal de sus inmuebles.

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, matizó que la modificación afecta a los artículos 185.2, 68.2 y 183.2 de la reseñada normativa y que permitirá regularizar entre 20.000 y 25.000 viviendas en Andalucía. Remarcó que se trata de un acto de «justicia social para los compradores de buena fe». Pero ante la atenta mirada de sus socios de gobierno y de los propios afectados remarcó que no se trata ni de una «amnistía» ni de una «legalización». Se trata, agregó, de dar respuesta a la petición de miles de familias que durante los últimos dos años se han quejado, a través de estas mismas páginas, de tener sus propiedades en un «limbo jurídico». En definitiva, la Junta persigue, como apuntó Serrano, ofrecer unas nuevas opciones de regularización de viviendas, con fines «no especulativos».

«Se pretende eliminar la incertidumbre, la desigualdad de trato en la que se encontraban las edificaciones aisladas destinadas a uso residencial construidas en suelo no urbanizable que se encuentran prescritas y que se sitúan en parcelaciones urbanísticas de poca entidad o escasamente edificadas», matizó la consejera. Y quiso hacer especial hincapié en que los cambios en la LOUA permitirán separar y distinguir entre «el acto de la construcción de la vivienda y el de la parcelación, dos acciones que hasta ahora estaban intrínsecamente ligadas». En este marco no se anula «la imprescriptibilidad de las parcelaciones ni de los actos de parcelación».