06 de noviembre de 2014
06.11.2014
Salud

El 20% de los andaluces abandona su medicación al no poder pagarla

Cáritas analiza la situación social y alerta: un millón de andaluces vive en la pobreza severa

06.11.2014 | 05:00
Momento de la presentación del informe.

­Uno de cada cuatro andaluces está en riesgo de exclusión social o, lo que es lo mismo, es víctima del contexto económico y de la falta de medidas de choque contra la crisis. La situación económica cada vez deja más víctimas y una de las comunidades más afectadas es Andalucía: un 20% de sus ciudadanos deja sus tratamientos médicos por no poder pagarlos y un 18% tiene una dieta inadecuada por problemas de liquidez. Son algunos de los datos que se extraen del «VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España de Cáritas», que se presentó ayer en Málaga.

El sociólogo y miembro del Equipo de Estudios de Cáritas Española y de la Fundación FOESSA, Guillermo Fernández, dio ayer los datos bajo un clima de pesimismo y rebelión. Desde la entidad denuncian que las políticas gubernamentales están llevando a una fractura social que no sólo responde a una situación coyuntural, sino a causas estructurales. Y es que 2,1 millones de andaluces, es decir, 697.000 hogares, rozan la pobreza. Pero si se ahonda un poco más, la cifra es aún más preocupante: un milllón, que vive en 334.000 hogares, está en riesgo de exclusión severa. «Es interesante que Andalucía ya no sea la comunidad con peores datos. Tradicionalmente estaba a la cola, pero hay otras que han resistido peor como Valencia o las Islas Baleares», señala.

No obstante, Cáritas hace hincapié en la importancia de no dejar caer en el olvido a los hogares que se sitúan por encima del umbral de la pobreza y que están cerca de ella. «Su situación les supone una mayor vulnerabilidad frente al contexto de crisis de empleo. Igualmente, la vulnerabilidad de los hogares que se sitúan en el espacio de la pobreza integrada, ya que la persistencia de la situación de pobreza les puede dificultar mantenerse integrados». El estudio recoge que la progresiva reducción de la renta media de los hogares de Andalucía desde el año 2010 ha venido acompañada de un incremento notable de la desigualdad. Esta creció un 9% entre 2008 y 2012.

Las situaciones más habituales de exclusión de la población de Andalucía se concentran principalmente en el eje económico (93%) y en el eje político y de ciudadanía (82%). Por su parte, el eje social-relacional afecta al 20% de la población excluida. Concretamente, los problemas de exclusión que más afectan a la sociedad andaluza son los relacionados con el empleo, la vivienda, la salud y la educación.

El analista reconoce que uno de los elementos más diferenciales de esta región es la formación para el empleo. Fernández afirma que hay muchas personas desocupadas y sin formar, lo que podría ocasionar problemas de desmovilización. No obstante, reconoce que se trata de un problema relacionado con la edad. Para Cáritas, la adquisición de estudios más allá de los obligatorios aumenta la posibilidad de tener un empleo. La relación estudios y empleo adquiere más fuerza en el caso de la población femenina: la proporción de andaluzas con estudios universitarios empleadas es del 94,4%, frente al 8,1% de las mujeres que no. Disponer de un mayor nivel de estudios facilita la salida del desempleo, por tanto la recuperación de la situación de inserción laboral se convierte en un paso adelante en el mantenimiento o recuperación de la integración social.

Asimismo, el estudio identifica algunas características entre las que el riesgo de exclusión es más notable. La nacionalidad diferente a la UE15 triplica el riesgo de exclusión, mientras que el trabajo irregular, el desempleo y la etnia gitana, duplica la tasa de exclusión social entre la población andaluza.

Respecto a la implicación social, el 31% de la población participa en la sociedad a través de asociaciones, sindicatos, partidos políticos y otro tipo de organizaciones y colectivos sociales. La participación en alguna actividad asociativa es superior entre la población excluida, en cambio la participación en alguna manifestación, protesta o acción colectiva se da en mayor medida entre los integrados.

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