12 de noviembre de 2014
12.11.2014
Antiguo Balneario

Un abogado ejerce la acción pública y reclama rescatar los Baños del Carmen

José Carlos Aguilera exige a Costas que inicie el rescate en cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional y que ejecute el proyecto público

12.11.2014 | 00:46
El futuro del balneario preocupa a la sociedad civil.

­El abogado malagueño José Carlos Aguilera ha decidido ejercer la acción pública en el caso de los Baños del Carmen y mediante un escrito ha requerido al jefe de la Demarcación de Costas para que, como «responsable directo», proceda a dar cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional de enero pasado y «sin más dilación incoe el procedimiento de rescate» del balneario.

Como segunda reclamación, una vez se cumpla el procedimiento de rescate, el abogado solicita que «se ejecute el proyecto de regeneración de los Baños del Carmen en su actual formulación».

Aguilera ha decidido ejercer la acción pública en este caso, una iniciativa novedosa y poco practicada en España que permite a organizaciones o particulares personarse en un caso para exigir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales que considere que se están incumpliendo.

Cumplir la sentencia Por medio de la acción popular el ejerciente puede personarse en el caso y de esta manera advertir a las autoridades, como en este caso, «de las responsabilidades en que puede incurrir si no actúa como debe».

En concreto, Aguilera reclama de las autoridades de Costas que cumplan con la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 14 de enero que declara conforme a derecho la declaración de utilidad pública del rescate «y ordena expresamente a la Demarcación de Costas que incoe el expediente de rescate de las concesiones».

El abogado se detiene en la reciente compra de acciones de la empresa concesionaria del balneario, que acaba de ser declarada nula por la Junta de Andalucía por incumplir el requisito de la autorización previa.

Todo ello no es obstáculo legal, según Aguilera, al explicar que la compra se realizó el 30 de septiembre, en fecha muy posterior a la sentencia de la Audiencia Nacional del enero pasado.

Por ello, considera que «no existe ningún obstáculo legal para la inmediata incoación del expediente del rescate», e insiste en su ejecución.

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