18 de noviembre de 2014
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Actualizado: 04-04-20 11:40h
Seguridad

El comisario declara que el reparto de los chalecos antibala lo establece la DGP

Pedro Garijo dice a la juez que se limita cumplir las directrices de la Dirección General de la Policía

18.11.2014 | 05:00
Pedro Garijo, a la izquierda, junto al director general de la Policía y a Carmen Crespo.

­El comisario provincial de Málaga, Pedro Garijo, declaró ayer ante la juez que investiga la presunta falta de chalecos antibala en la Comisaría Provincial que él siempre ha actuado cumpliendo las directrices de la Dirección General de la Policía (DGP) a la hora de entregar el material de seguridad a los agentes. Un portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), el sindicato que se ha querellado contra Garijo por un presunto delito de infracción de las normas de prevención de riesgos laborales tras la muerte de un agente en la capital, aseguró a este periódico que los diez minutos de declaración del comisario apenas aportaron novedad salvo que las órdenes de reparto de la DGP situaban a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) del policía asesinado en el tercer lugar de prioridad tras los radiopatrullas y los grupos de investigación.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no pudieron precisar en qué situación quedaba el caso tras la declaración de Garijo, aunque desde la UFP sí puntualizaron que por la tarde estaba previsto que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga siguiera tomando declaración a más testigos.

El sindicato presentó la querella criminal el 10 de junio «por un presunto delito de infracción de las normas de prevención de riesgos laborales previsto y penado en el artículo 316 del Código Penal». Según argumentaron entonces, el objeto era depurar responsabilidades tras comprobarse que en los almacenes de la comisaría había un centenar de chalecos «criando moho» que no habían sido entregados a los funcionarios operativos por «desidia, desinterés, indolencia o falta de sensibilidad hacia los policías».

El 19 de octubre, la querella fue admitida a trámite al estimar la juez que cumple «con los requisitos que establece el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», por lo que ordenó trasladar la querella y su documentación adjunta al querellado como máxima autoridad de la Policía Nacional de Málaga. A pesar de que el comisario provincial fue citado a declarar el 28 de octubre, el encuentro se pospuso porque no se le pudo notificar a tiempo la citación.

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