El grupo de empresarios que pugna por hacerse con los derechos de explotación del balneario, actualmente en espera de una resolución definitiva sobre la validez de su compra, interpretó ayer con optimismo el nuevo giro de acontecimientos introducido por la Junta de Andalucía, que ha decidido conceder diez días a todas las partes implicadas en la operación para que acrediten la legalidad de la venta y corrijan aquellos aspectos que pudieran resultar refractarios a la ley de Costas.
El paso dado por el Gobierno andaluz, a través de la Delegación Territorial de Medio Ambiente, parece haber inaugurado un nuevo tiempo en la relación con la firma que el pasado septiembre se hizo con las acciones de la concesión del antiguo balneario, perteneciente hasta ese momento a las constructoras Acha y Vera. Evaluar y dar conformidad a ese traspaso es la labor que ocupa ahora al gabinete jurídico de la administración autonómica, aunque, a la luz del plazo establecido, dentro de un clima más propicio al entendimiento que el que surgió a principios del litigio. Incluso, en las formas, con la convicción de ambas partes de que son ellos, junto a la Demarcación de Costas, los que tienen que tomar cartas en la negociación, y, en ningún caso el Ayuntamiento, que carece en la práctica de potestad y de competencias legales para adoptar cualquier tipo de decisión vinculante para el recinto.
El último en pronunciarse acerca del papel del Consistorio fue el empresario y exconcejal Damián Caneda, que está ejerciendo de portavoz de la sociedad privada que aspira a gestionar la concesión. «Estoy de acuerdo con Javier Carnero -delegado de Medio Ambiente de la Junta-; el alcalde debería permanecer al margen en este asunto», precisó.
Los empresarios, según anunció a este periódico, tienen previsto cumplir con los requerimientos de la Junta en las próximas horas y remitir «inmediatamente» la información detallada de la compra de la concesión. Sobre el análisis posterior, Caneda mostró su confianza en que prevalezca el criterio técnico y salga adelante un proyecto que, en su opinión, «es bueno para todos», incluidos, por supuesto, la iniciativa privada y los vecinos. «Cuanto más intervengan los asesores jurídicos y el delegado y menos enreden los políticos mejor para los Baños del Carmen», señaló.
La iniciativa comandada por los empresarios, que aseguran haber desembolsado 1,1 millones de euros en la operación, ha sabido granjearse la simpatía inicial de la asociación de vecinos, que, tras una primera reunión informativa, ve con buenos ojos la intención de la sociedad privada de reservar espacio para una gran zona verde y restringir su actividad al restaurante y la terraza del recinto. «Conocemos el proyecto de los vecinos y vamos muy en la misma línea. Estamos todos de acuerdo, sólo falta que se resuelva cuanto antes y podamos invertir lo más pronto posible», sentenció Caneda.
El grupo de empresarios en el que se integra Caneda cuenta también entre sus socios con otro exconcejal del PP, en este caso, José Luis Ramos, quien, hasta finales del pasado octubre, lideraba una de las asociaciones con más peso de la hostelería de Málaga. Para el portavoz del grupo, las reservas del Ayuntamiento respecto a la compra de concesión se explican en clave «electoralista» y en una suerte de «castigo político» promovido por el actual equipo de gobierno.
La nueva concesionaria de los Baños del Carmen puso el pasado lunes a la venta sus acciones con el propósito de demostrar que, pese a la opinión del alcalde, no existen otras empresas interesadas en hacerse con la explotación del espacio. Los empresarios apoyan su argumento en la falta de ofertas recibidas en los últimos meses por las empresas Acha y Vera, interesadas en traspasar sus participaciones en la concesión.
