­Ante la supuesta calma en relación al funcionamiento del servicio municipal de grúas que defiende el Ayuntamiento, han sido los propios trabajadores del servicio municipal de este servicio los que han agitado la cuestión al airear casos de posibles mediaciones para evitar retiradas de vehículos. Según denuncia el CSIF, las órdenes y presiones que reciben los operarios de las grúas no son excepciones puntuales, sino que conforman la tónica de trabajo habitual.

Máximo exponente de estos supuestos tratos de favor habría sido el caso que involucra al propio director gerente de Smassa, José Carlos Romero Martínezdirector gerente de Smassa, José Carlos Romero Martínez. Como adelantó este periódico, y denunció el propio CSIF, Romero habría exigido el pasado 11 de febrero que se le devolviera su vehículo de empresa, una vez que verificó que había sido remolcado por estar estacionado de manera indebida en la calla Jacinto Verdaguer. Esto habría llevado, según el CSIF, a la situación insólita de que el mismo operario de la grúa se viera obligado a depositar el vehículo del gerente, en situación de infracción, al lugar de donde había sido remolcado por carecer de la autorización visible para ocupar zonas reservadas al servicio oficial, y que habría acabado con la anulación del servicio de retirada y el procedimiento sancionador.

Después del revuelo generado por este caso, el propio director gerente admitió ayer a este diario la veracidad de los hechos, incluyendo la devolución de su vehículo al lugar de la infracción, sin el correspondiente desembolso inmediato de la multa que se tendría que haber generado por el desenganche in situ.

Sin embargo, y al contrario de lo que mantiene el CSIF, Romero negó haber dado orden alguna para que se devolviera su coche. «Entiendo que algún operario en el depósito advirtió la presencia del vehículo y se dio cuenta de que se trataba del coche oficial de la empresa. Alguien ordenó que se devolviera al lugar de donde había sido remolcado». Romero también admitió que todo el problema empezó, según él, a partir de un «descuido personal por no colocar la acreditación pertinente en el salpicadero», ya que su vehículo contaría con la autorización para estacionar en las zonas reservadas a los servicios de urgencias, seguridad y taxis. Todo lo que surge después, incluido el parte de denuncia duplicado que se genera posteriormente y el registro de salida que afirma que el vehículo pasó cuatro días en el depósito que tiene Smassa en La Princesa, a pesar de haber sido devuelto al instante, se debe, según el propio Romero, a su voluntad «de querer asumir el error y evitar posibles suspicacias». Precisamente, por esa razón, se habría generado el registro de salida, necesario para proceder al pago de la multa. Así, el gerente procedió al pago de 132,93 euros por la estancia del vehículo de cuatro días que nunca se produjo. También pagó otros 100 euros para liquidar la sanción generada por la Policía Local «por estacionar en espacio reservado para servicio oficial». Preguntado por el desfase de tiempo que se genera entre la retirada y la salida simulada del depósito, Romero alegó que «pudo olvidar el asunto en el fragor del trabajo».

Los operarios siguen acusando. Los operarios de Smassa, a través de su presidente del comité de empresa, Manolo Lima, mantienen las acusaciones hacia Romero. «Ese día, el jefe de unidad dio la orden expresa, instado por el gerente, de que se le devolviera su vehículo. Hay 15 trabajadores que escucharon esta orden a través de nuestra emisora de servicio y están dispuestos a corroborarlo», afirmó Lima. «Se monta una farsa y se empiezan a generar documentos para pagar la multa porque se dan cuenta de que hay muchos testigos», explicó Lima sobre la razón del segundo parte y del registro de salida para un coche que nunca llegó a estar en el depósito.