Los argumentos usados por la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de impugnación del recurso de súplica de Isabel Pantoja son similares a los ya utilizados en su anterior informe. Entre otros, la fiscal aseguraba, para oponerse a que eludiera la cárcel, que la cantante puso sus sociedades «al servicio de Julián Muñoz para ocultar y confundir el dinero».
Insistió la acusadora pública que esa conducta la llevó a cabo la pareja durante dos años, aún cuando conocía los procedimientos iniciados contra el político. «A lo largo de estos años, llevó a cabo distintas conductas tipificadas de blanqueo que no fueron esporádicas, sino continuadas», y, alegó, «con desprecio absoluto, como mínimo, a sus vecinos de Marbella», al beneficiarse de las arcas saqueadas, entre otros, por el exalcalde.
Asimismo, añadió la acusadora pública, la cantante no cooperó con la justicia ni ofreció una explicación alternativa. «Ni en el juicio ni después da la más mínima muestra de reconocimiento de error u arrepentimiento».
La ponente del auto que envió a Pantoja a prisión, Carmen Soriano, señaló: «Si realmente, lo que preside su no asunción del delito es la posibilidad de que el amparo se le otorgue y, en su virtud, mantener una posición de prudencia con mayor razón debiera haber mantenido tal proceder prudente y silente y no exponer, públicamente, que no reconocía la perpetración del delito cometido».
Asimismo, la gravedad de la conducta de Pantoja «resulta incuestionable para este tribunal», y la acusó de convertir su actuación en «paradigma de la ilegalidad criminal en el aprovechamiento privado y torticero del patrimonio público».
