Málaga fue protagonista de la burbuja inmobiliaria y una de las provincias donde más se construyó y, sin embargo, más de 7.300 malagueños están inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda para adquirir un hogar digno donde vivir. Muchos siguen aún con sus padres pese a tener hijos, otros de «prestado» y muchos haciendo frente a alquileres que no pueden pagar con ayuda de sus familiares.
Son datos de la Agrupación de Desarrollo para Personas Sin Hogar de Málaga, que ayer presentó la campaña «Por una vivienda digna y adecuada. Nadie sin hogar» de cara al próximo domingo, cuando se celebra el día de las personas sin hogar, con el objetivo de concienciar a la población sobre las necesidades de estas personas y a las administraciones para que se impliquen.
El concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, señaló que, en vista de estas cifras, en los próximos diez años el Ayuntamiento va a construir viviendas sociales para alrededor de 13.000 personas. Las que actualmente está inscritas en el registro oficial de demandantes no son casos urgentes. Sí lo son alrededor de trescientos -tantos casi como plazas tienen el albergue municipal-. No obstante, desde el Ayuntamiento, según Pomares, se ha reubicado en los dos últimos años a otras 300 personas en situación de emergencia social. «Eran historias extremas, en algunos casos se han comprado viviendas», alertó el edil, que destacó que se han adquirido 17 pisos por un valor de 736.000 euros para hacer frente a esta problemática. «A políticas claras, políticas caras», dijo.
Pero los casos verdaderamente extremos son los de las personas sin hogar. Las calles de Málaga acogen cada día a 134 personas sin techo. Son la cara más dura de la crisis, la de aquellos que no tienen un lugar en el que dormir por problemas económicos o de burocracia. A 31 de octubre, un total de 649 personas habían pernoctado al aire libre a lo largo de 2014.
Pero además de estas personas que no disponen de un lugar donde pasar la noche, en Málaga hay más de cien personas que viven en viviendas inhabitables o inseguras. Por este motivo, los integrantes de la agrupación, en la que también se incluye el Ayuntamiento de Málaga, han querido hacer especial hincapié en la falta de recursos de las administraciones para hacer frente al «sinhogarismo».
El responsable de Cáritas Diocesana, Francisco Javier Jiménez, señaló que esta situación perpetúa la marginación y la exclusión social, lo que hace que su situación sea aún más difícil de paliar.
Y es que, según la Red de Atención a Personas sin Hogar de Málaga, en lo que llevamos de 2014 se ha atendido en la Puerta Única a 114 familias, cuya necesidad de ayudas se ha incrementado a causa de los desahucios y del desempleo. Así, Jiménez alertó de que España es uno de los países en los que más desprotección existe respecto a la vivienda. Esta entidad ha promovido 9.568 ayudas destinadas a personas que manifestaron tener graves dificultades para el mantenimiento de estos hogares. Y es que sólo en el primer semestre de 2012 se contabilizaron 2.118 desahucios en la provincia, más de la mitad en la capital.
El albergue municipal tiene 257 plazas y su ocupación siempre está al 100%. En la actualidad hay 32 personas en lista de espera, aunque según la agrupación todas ellas reciben recursos de higiene, alimentación o lavandería, por lo que no están desatendidas.
Por su parte, el concejal de Derechos Sociales alertó de que la cifra de viviendas «reales» vacías en Málaga capital es de 1.300, pues las 28.411 cuantificadas corresponden también a oficinas, pisos de oficinas o consultas. En toda la provincia se superan las 120.000.
Pomares también tuvo palabras para aquellos que se lucran con la desigualdad a costa de alquileres desorbitados. En este sentido, destacó que los 600 euros de media que se pagan en la provincia distan mucho de los ingresos reales de las personas con problemas económicos, por lo que cuantificó que estos alquileres no deberían ser superiores a los 136 euros para que estas familias pudieran hacer frente a dichos gastos. «España necesita más políticas en este sentido, sólo tiene un 2% de viviendas sociales, si se hubiera invertido más antes de la crisis, ahora nos veríamos en otra situación», dijo.
Por su parte, desde ACCEM, Carolina Cueto alertó de que en muchas ocasiones es la propia burocracia la que dificulta a las personas sin hogar que puedan acceder a uno, por lo que pidió que se hagan esfuerzos por reducir el papeleo. De este modo, señaló que se necesita un esfuerzo extra por ayudar a barrios «transitorios», como el de Los Asperones, cuyas familias han aumentado y necesitan viviendas dignas. Sólo se ha realojado a 38 familias de las más de 250. También pidió una renta básica de inserción para que estas personas salgan de la situación de exclusión social así como que se trabaje con las entidades del Tercer Sector.
