El Catastro inspeccionará las viviendas en 2015 para detectar obras sin declarar

Piscinas, parcelas supuestamente vacías donde ahora hay una vivienda, una planta ganada a la buhardilla, la ampliación de un chalet o habilitar espacio para un aparcamiento, son algunas de las irregularidades detectadas en el Plan de Regularización iniciado por la Dirección General del Catastro y que a lo largo de 2015 se aplicará en la capital tras pasar por otros 29 municipios de la provincia. El fin de este plan es la revisión de las viviendas para detectar si la superficie construida declarada se corresponde con la realidad.

Una resolución del Ministerio de Hacienda muestra cuáles son los doce municipios de la provincia, además de la capital, incluidos en esta tercera fase del plan de inspección, iniciado en 2014. Así, la inspección se mantendrá hasta octubre de 2015, además de Málaga capital, en Alfarnate, Alfarnatejo, Casabermeja, Casares, Colmenar, Comares, Estepona, Manilva, Marbella, Periana, Riogordo y Torremolinos.

Con este listado se amplían a 42 los municipios de Málaga que se han visto afectados por la inspección del Catastro desde comienzo de este año, con una convocatoria prácticamente cerrada y otra en desarrollo desde el verano, cuando se publicó la orden.

Este plan tiene como principal objetivo aflorar las construcciones que se han realizado en los últimos años y que no están registradas por la Dirección General del Catastro y, por tanto, tributan menos IBI del que le corresponde. De hecho puede que se haya hecho toda la obra por la vía legal, con los permisos de urbanismo correspondiente, pero no se haya informado al Catastro del cambio de situación de la vivienda o parcela, por lo que esta revisión busca regularizarlas.

Esto tendrá un beneficio directo en la financiación municipal, ya que los excesos de construcción que se detecten y regularicen su situación repercutirán en unos mayores ingresos en la recaudación del IBI que ingresa el Ayuntamiento.

Proceso de inspección

Para detectar una construcción no registrada en el Catastro, la Dirección General dispone de un mapa a partir de fotos aéreas tomadas desde 2010, que le sirve para cotejar los cambios en las edificaciones y si han sido declarados catastralmente para tributar el incremento en los metros útiles. Una vez que se identifica una falta de concordancia se realiza una inspección sobre el terreno para comprobar la realidad. El proceso completo se hará entre enero y mayo de 2015, informando de los expedientes sancionadores a partir de 1 de junio.

Si una obra supera el límite de los 15 metros cuadrados construidos sin declarar, o que supere el 15% de la superficie construida original, pasa a ser sancionable.

Una vez que el Catastro peine el núcleo urbano se enviarán los expediente sancionadores, que exigirán a los infractores que se hagan cargo de pagar los atrasos en el IBI que corresponden a la superficie construida y no declarada, además de la correspondiente sanción administrativa.

El propietario de la vivienda sancionada también tendrá que abonar una tasa de 60 euros que servirá para pagar los trámites administrativos que genere la actuación del Catastro.

No obstante, se permitirá regularizar la construcción ilegal de forma voluntaria, lo que evitará la sanción administrativa, aunque seguiría teniendo que abonar los atrasos del IBI.