IU en el Ayuntamiento de Málaga pondrá en conocimiento de la Fiscalía el convenio urbanístico de La Térmica y su posterior adenda, según anunció ayer su portavoz, Eduardo Zorrilla, quien advirtió de que este acuerdo firmado con Nueva Marina Real Estate -sociedad participada mayoritariamente por Endesa y ahora en suspensión de pagos- supone «el mayor saqueo al patrimonio de los malagueños, quizá de toda la historia de la ciudad», al estimar en 60,5 millones de euros el daño ocasionado a las arcas municipales con estas presuntas irregularidades.
En el convenio de 2008 el Ayuntamiento vendió los derechos urbanísticos de la zona por 58 millones, los recompró a finales de 2013 por 87,7 millones, a los que habría que descontar los 27 millones de la urbanización, lo que supone una merma para el patrimonio municipal de 60 millones de euros.
«Es la Fiscalía la que debe analizar si en estos hechos pueden existir indicios de delito que justifiquen una investigación criminal», declaró Zorrilla, que abundó en que el caso puede ser aún más sangrante si se tiene en cuenta que los terrenos fueron cedidos gratuitamente a Endesa en la década de 1950 para una central térmica.
Cuando la actividad industrial acabó, esos terrenos, en lugar de ser devueltos a la ciudad, fueron recalificados para su conversión en residenciales, hoteleros y comerciales. «Endesa se dedicó a especular para sacar el máximo beneficio». Tal es así, añadió Zorrilla, que Endesa vendió este espacio y sus correspondientes aprovechamientos urbanísticos por 160 millones de euros a su filial Nueva Marina Real Estate, una filial participada mayoritariamente por la Endesa.
Se firmó el convenio urbanístico de 2008 y como contraprestación a las plusvalías que Nueva Marina Real Estate obtenía con dicha recalificación, ésta tenía que pagar 58 millones al Ayuntamiento.
Sin embargo, «desde el principio esta sociedad empezó a incumplir los plazos para hacer frente a ese pago y a poner piedras en el camino, con diferentes contenciosos-administrativos, que fue perdiendo uno a uno». Pese a eso, el pasado mes de enero se firmó una adenda, que tenía como objetivo hacer viable el cumplimiento del convenio de 2008 por parte de Nueva Marina Real Estate, entonces en proceso de concurso de acreedores. Para ello, se limitaban sus compromisos y se redefinían sus obligaciones de urbanización. En concreto, los 58 millones que debía abonar esta sociedad eran sustituidos con la entrega de 32.833 unidades de aprovechamiento y con una nueva distribución de los costes de urbanización, que pasaban al Ayuntamiento de Málaga.
Por su parte, el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, afirmó ayer que detrás del anuncio de IU de «sólo hay una estrategia electoral» y les pidió que se retracten. De hecho, advirtió de que se trata de «acusaciones muy graves», en tanto que «ponen en tela de juicio, no ya al equipo de gobierno, sino al secretario y al interventor municipales».
