La nueva CEA de González de Lara echará a los empresarios sin ética y a los morosos

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) aprobó ayer la reforma de sus estatutos, un código ético y una serie de instrucciones internas de contratación que contemplan, entre otras cuestiones, expulsar a los afiliados por incumplimiento grave del código ético o por no pagar las cuotas. El presidente de la CEA, Javier González de Lara, que también preside la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), anunció además que en los próximos días se cerrará una operación hipotecaria por ocho millones que supondrá saldar parte de 12 millones de deuda de la CEA. Este préstamo sindicado, que se suscribirá con tres bancos y permitirá afrontar la deuda con 15 acreedores comerciales, supone hipotecar la sede central de la CEA, en la isla de la Cartuja de Sevilla.

González de Lara, que accedió al cargo en enero de este año, presentó esta «nueva» CEA en compañía de sus cuatro vicepresidentes, y precisó que estos nuevos documentos se basan en cuatro pilares: «transparencia, participación, gestión eficiente y reputación». Entre las medidas se encuentra la limitación de edad para acceder a la presidencia a los 70 años. Los documentos del plan de acción se han elaborado en tres meses, un tiempo «récord», y ya están aprobados y en vigor, aunque deberán ser ratificados por la asamblea general en 2015.

González de Lara explicó que ayer mismo se reunieron tanto la junta directiva como el comité ejecutivo de la organización, y consideró que «ahora podemos decir que la nueva CEA está en marcha, estamos dándole la vuelta como un calcetín». En estas reuniones se ha presentado un plan de acción para «sentar las bases para que la nueva organización sea más sólida y más estable, manteniendo la representación de las empresas», y a través de las estrategias institucional, económica y reputacional.

La reforma se ha analizado previamente durante tres meses, remitiéndose sus borradores a 120 organizaciones y más de 200 empresas, con 500 representantes miembros de la organización, en un «proceso participativo y transparente». Sobre la reforma de los estatutos, explicó que se incluyen principios como la transparencia, participación más fluida, eficiencia en los recursos, eficacia en objetivos y buen gobierno y diligencia debida. Tanto el código ético como las instrucciones internas de contratación deben tener referencia en esos estatutos.

Asimismo, se crea el llamado comité consultivo de empresas asociadas donde podrán participar hasta cinco vocales con voz pero sin voto, y que permite «dar voz a las empresas, no sólo a las organizaciones». Además, se incluye aspectos como la sostenibilidad, promoción de la cultura preventiva o responsabilidad social empresarial, unos «factores básicos que no estaban y se concentran como elemento central».

También se establecen los 70 años como límite de edad para la presidencia, se flexibiliza el proceso electoral, se potencia la resolución extrajudicial de conflictos y se promueve el lenguaje no sexista y la igualdad de género. En ese punto, pretende trasladar a mujeres y jóvenes empresarios que «no se unifiquen en una misma organización y puedan tener doble participación, integrándose en las organizaciones sectoriales».

Por otro lado, sobre el código ético y de buen gobierno, éste contempla valores éticos «no como elemento puramente declarativo sino como elemento articulado, con rango normativo, en concordancia con las normas legales de transparencia que existen».

González de Lara quiso dejar claro que «se va a exigir a todos, no para unos pocos sino a todos los miembros de la organización, con más igualdad, más transparencia y más colaboración, reconociendo derechos y obligaciones». Las sanciones no se han tipificado, aunque aseguró que «todo el que vulnere los comportamiento razonables, éticos y lógicos será motivo de expulsión, no se dejará comportamiento espúreos al margen de la legalidad y tampoco se permitirá ir en contra de los acuerdos que adopte la organización, o si no se contribuye al sostenimiento económico de la organización y no pagan las cuotas, podría estar fuera».

En ese sentido, sobre si estar imputado puede ser motivo de expulsión, González de Lara pidió «ser cautelosos, ver si la imputación tiene o no fundamento, o si existe resolución judicial; si eso ocurre no tiene discusión». Agregó que el código ético de la CEA «bebe de la CEOE y de Cepyme y es coherente y está en sintonía, pero es distinto y tiene singularidades».

En cuanto al plan de viabilidad de la organización, dijo que seguirán «en la política de ajuste de reducción de gastos corrientes e incremento de los ingresos». El presupuesto de la CEA es de 3,8 millones de euros, y está «muy ajustado» mientras que el incremento de la recaudación por cuotas en el último año ha sido de casi 150.000 euros gracias a nuevas incorporaciones de empresas y organizaciones. «No ha habido fugas en esta nueva CEA», dijo González de Lara. Ahora hay 180.000 socios.