Adelaida de la Calle, rectora de la Universidad de Málaga, vive estos días un convulso periodo de su ya longevo mandato, después de que, según el sindicato CSIF, la Fiscalía Provincial de Málaga haya abierto diligencias de investigación penal para aclarar diversos pagos presuntamente irregulares de la Universidad a su Fundación General (FGUMA) y a Eccus. El secretario de Universidades del PP y miembro del Consejo Social de la UMA, Javier Gutiérrez del Álamo, va a solicitar que la rectora comparezca en la próximo reunión del órgano para explicar estos abonos, las dietas percibidas por la mujer de un dirigente de la Junta y que se haga una investigación similar a la del caso Errejón con todas las becas y contratos.

En concreto, Del Álamo preguntará a la rectora por la denuncia del CSIF y sobre la decisión de la Fiscalía Provincial de Málaga de abrir una investigación al respecto, en concreto en relación a pagos que suman 3,6 millones de euros desde la UMA a la Fundación General de la UMA y a Eccus entre 2009 y 2011. «Queremos saber qué está pasando para que la Fiscalía haya decidido investigar estas transferencias y, sobre todo, la utilización supuestamente fraudulenta de la Fundación General», explicó Del Álamo, quien añadió «que sería un escándalo descomunal que se confirmara que los responsables de la Universidad usan para su propio interés esta institución y además ocultan información a la Cámara de Cuentas de Andalucía», dijo.

En concreto, el sindicato reclamó ante el Tribunal de Cuentas que se investigara una relación de transferencias de la UMA, entre ellas a FGUMA por 903.119 euros en 2011, 1,4 millones en 2010 y 1,34 en 2009. También pidió la central que se aclarase si la fundación es privada o no, ya que se financia por fondos públicos de la UMA, «sin que sus presupuestos hayan sido nunca aprobados».

En este sentido, en su denuncia, que admitió a trámite la Fiscalía, el sindicato recalcaba que la FGUMA sea gestionada «económicamente por el yerno de la rectora, así como que también presten servicio el yerno del gerente de la UMA, José Antonio Molina, y el hijo del vicerrector de Coordinación Universitaria, José Ángel Narváez».

CSIF recordó que en marzo ya escribió al secretario general de Universidades de la Junta para ponerle en antecedentes sobre las «supuestas irregularidades». La Junta respondió que la UMA explicaría cuál es la naturaleza operativa de la fundación. Incluso, el sindicato advirtió de que la universidad podría haber ocultado a la Cámara de Cuentas andaluza su participación en la fundación.

Por otra parte, en el escrito ante el Tribunal de Cuentas, CSIF pidió que se investigasen pagos de la UMA a la Fundación Eccus por valor de 1,15 millones de euros, «recordando que se trata de un ente deudor de Hacienda y la Seguridad Social, cuyo patrono es Eccus Comunicación SL, representada por el hijo del gerente de la UMA». La universidad explicó en su día que los pagos provenían de los Presupuestos de la Junta.

El PP también exige a De la Calle que aclare las dietas que la profesora Amparo Ruiz Sepúlveda, esposa del secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Francisco Triguero, ha cobrado de la UMA pese «a estar en comisión de servicio en Sevilla», dijo el popular.

Según Del Álamo, «la opacidad con la que la Junta y la propia universidad han pretendido revestir este asunto es lamentable, por lo que vamos a exigir toda la información al respecto». «No es de recibo que se desconozcan las tareas que desempeña esta señora en Sevilla, ni el hecho de que los pagos se hagan a cargo de un fondo de atenciones extraordinarias de la propia Junta de Andalucía», reiteró el dirigente popular.

La tercera materia sobre la que Gutiérrez del Álamo pretende que De la Calle dé explicaciones es el conocido caso de Íñigo Errejón. Pretende que la investigación realizada en torno al contrato del que ha disfrutado el dirigente de Podemos, y por el que se le incoó un expediente disciplinario, se haga extensiva al resto de becas y contratos de investigación suscritos por la UMA.