14 de diciembre de 2014
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Actualizado: 13-04-20 11:34h

Los ricos de la Costa se empadronan en Madrid

El Impuesto de Sucesiones también perjudica la llegada de personas con importantes patrimonios a la comunidad

14.12.2014 | 05:00
Los ricos de la Costa se empadronan en Madrid

­Un efecto de la fuerte presión impositiva con la que se grava en Andalucía a las sucesiones es que se dificulta la llegada de ciudadanos con patrimonios importantes a la comunidad autónoma y se menguan, por tanto, las posibilidades de inversiones importantes. Pero, al mismo tiempo, se está produciendo otra consecuencia clara: muchos ciudadanos con importantes patrimonios afincados en Málaga se empadronan en Madrid para pagar lo mínimo posible en el Impuesto de Sucesiones, sobre todo cuando ya están al final de sus vidas.

«Muchos ciudadanos con patrimonios importantes afincados en Málaga se empadronan en Madrid o el País Vasco, donde los impuestos son más bajos, para si fallecen pagar menos. Muchos se han ido a Madrid, donde viven más tiempo en los últimos cinco años de su vida», indica Ramón Blesa, notario y vocal por Málaga de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Andalucía.

«Esos años son determinantes para el pago del impuesto. Hay quien se compra una vivienda en Madrid, la ocupa más o menos, y eluden el abono del Impuesto de Sucesiones», precisa, para asegurar que eso es perjudicial.

Por ello, Blesa hace un llamamiento para que cualquiera que esté en el trance decisivo de aceptar una herencia y se plantee si hacerlo o no acuda a asesorarse con su notario. «Los notarios no cobramos por asesorar, eso hay que dejarlo muy claro, y es lo que deben hacer los ciudadanos, asesorarse. Nosotros cobramos cuando se produce el otorgamiento del documento», señala Blesa.

En algunas comunidades incluso se ha llegado a reducir al mínimo el pago del Impuesto de Sucesiones y otras lo ven como una forma de gravar a quien más tiene. En Andalucía, a los discapacitados se les exime de tributar siempre que la herencia sea inferior a los 250.000 euros, frente a los 175.000 de mínimo exento para los otros ciudadanos.

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