La historia del Mayak continúa. El mercante de bandera de Sierra Leona intervenido en marzo del año pasado a 30 millas al sur de Málaga con casi 17 toneladas de hachís a bordo se ha marchado del puerto sin pagar la deuda que acumula desde su llegada. Su rastro se perdió la noche del pasado 29 de diciembre, cuando la Policía Portuaria echó de menos sus 63,5 metros de eslora en la trasera del muelle 9.
La Autoridad Portuaria aseguró ayer a este periódico que los tripulantes del barco, que ahora se llama Santa María y navega con bandera de Tanzania, «cortaron amarras» sobre las 23.00 horas de aquel lunes y zarparon sin comunicación previa, sin prácticos ni amarradores y sin la correspondiente autorización de Capitanía Marítima. «Los agentes alertaron a la Autoridad Portuaria del incidente e inmediatamente se dio parte tanto a la Guardia Civil como a los responsables de Capitanía», explicaron antes de matizar que se trata de un hecho «sin precedentes» en el puerto y que la deuda acumulada asciende a alrededor de 3.000 euros en concepto de atraques, combustible, prácticos y amarradores. «Reclamaremos hasta el último euro», concluyeron. Pese a que la Autoridad Portuaria desconocía la localización del buque, este periódico comprobó a través de la web Vesselfinder.com que su GPS lo situaba a las 18.38 horas de ayer fondeado frente a las costas de Mers El Hadjadj, un pequeño pueblo costero de la provincia de Orán (Argelia).
Se busca a los ocho tripulantes
Por su parte, la Audiencia Nacional aseguró ayer que desconocía el paradero de los ocho tripulantes sirios detenidos con los 16,8 toneladas de hachís. Todos salieron de prisión apenas un mes después de su detención por orden del juez Javier Gómez Bermúdez, que al igual que su compañero Fernando Andreu se declaró incompetente ante la nueva normativa de Justicia Universal que había aprobado el Gobierno poco antes y liberó a ocho egipcios que fueron sorprendidos con 9,8 toneladas de hachís el mismo mes al sur de Cabo de Gata (Almería), en aguas internacionales de Alborán.
En ambos casos, los magistrados argumentaron que los tribunales españoles no tenían jurisdicción para la instrucción de los hechos puesto que los dos alijos de hachís fueron incautados en buques que navegaban en aguas internacionales, con matrícula extranjeras y eran tripulados por extranjeros. Gómez Bermúdez añadió que no constaba «la intervención de ningún español en los hechos ni que la droga fuese destinada a España». Bajo estas apreciaciones fueron excarcelados al menos 53 presuntos narcotraficantes en toda España, pero el 23 de julio pasado el Tribunal Supremo, a petición de la Fiscalía Antidroga, anuló por unanimidad las sentencias de la Audiencia Nacional y ordenó la detención de todos ellos, incluidos los tripulantes del Mayak. Este periódico publicó entonces que cinco de los ocho tripulantes vivían en el puerto bajo control policial a bordo del buque y que los tres restantes se encontraban fuera del país tras su correspondiente expulsión, según confirmaron fuentes policiales. El Supremo se esforzó en explicar el supuesto error de interpretación de los jueces de la Audiencia Nacional, pero a día de hoy los ochos tripulantes del Mayak se encuentran en paradero desconocido.
