Los alcaldes están ya cambiando sus agendas para acompasarlas al nuevo calendario electoral. Desde ayer queda marcada en rojo la semana del 23 al 30 de marzo, la única en la que podrán celebrar inauguraciones oficiales sin violar la Ley Electoral. En esos actos, preparados con mimo desde hace meses, muchos se juegan la oportunidad de vender su gestión y aspirar a su reelección.
La prohibición de usar la administración como arma electoral bloquea cualquier inauguración en época preelectoral. Desde ayer, con las elecciones andaluzas convocadas para el 22 de marzo, y hasta el 24 de mayo, comicios municipales, quedan cuatro meses de campaña electoral, en la que casi se van a solapar ambas. Esto impide el rosario de inauguraciones propias de estas fechas y que muchos alcaldes están ya reprogramando para la única semana en la que se permitirán. En concreto desde el día después de las elecciones andaluzas -el 23 de marzo, Lunes de Pasión- hasta el 30 de marzo y Lunes Santo.
En el caso concreto de Málaga capital, son dos las grandes obras pendientes de abrir al público con un acto oficial: el Centro Pompidou y el Museo de Arte Ruso. Su inauguración son dos bazas electorales para el actual alcalde, Francisco de la Torre, quien insiste en que «lo importante es que cumplamos las previsiones de plazos y se abran». El mensaje oficial está claro y la inauguración con autoridades queda en un segundo plano, al menos sobre el papel. No sería la primera vez. De la Torre ya tuvo que renunciar a ese momento de gloria cuando se reformó el Parque de Málaga en las elecciones de 2007 y su inauguración no se pudo retrasar al coincidir con periodo preelectoral.
Esta son las dos grandes obras municipales preparadas para estas fechas, en tanto que las otras que están en marcha -parque de San Rafael y reurbanización de Molina Lario- no coincidirán en plazo.
El adelanto electoral en Andalucía no afecta sólo al calendario de inauguraciones de los alcaldes. También a la gestión del día a día en la Junta de Andalucía, que se ha frenado en seco. Muchos proyectos, leyes y convenios que estaban preparándose para su impulso quedan en suspenso hasta que se elija un nuevo equipo y decida su destino. Esto supone suspender cualquier avance casi ocho meses, en los que apenas se moverá un papel en la administración autonómica.
Los consejeros ya están de forma interina y en pocas semanas se inicia la campaña electoral. Las elecciones del 22 de marzo será seguido por el nombramiento del nuevo Gobierno, la toma de posesión efectiva de los nuevos consejeros y su equipo, de repente, el verano. A partir de septiembre se podrán tomar decisiones. Eso si no hay un cambio de planteamiento.
Por el camino se quedan promesas claves, como la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que iba a permitir legalizar numerosas viviendas ilegales en la comarca de la Axarquía, principalmente de extranjeros. Esta modificación se iba a tramitar por vía de urgencia, aunque la disolución del Parlamento andaluz frena cualquier avance.
La resolución del conflicto de los taxistas de Málaga en el aeropuerto, que parecía encaminado, se ha quedado a medias. Se ha aprobado el decreto de inmovilización de taxis ilegales, pero no el decreto de reciprocidad modulada que exigía el sector de la capital ni se ha cerrado el proyecto de área de prestación conjunta.
También se quedan en el tintero la solución a las tecnocasas, un proyecto parado y abandonado desde antes del inicio de esta legislatura y cuyo acuerdo para darle una salida se ha visto en suspenso por la convocatoria de elecciones.
La pérdida de un año de gestión se ha notado en varios planes turísticos acordados y sólo pendientes de un último trámite para su aprobación. Incluso se da la situación absurda de que a Fitur acuda un consejero interino de Turismo, tras el cese de Rafael Rodríguez.
Queda el metro a la espera de la adjudicación del contrato más importante de su línea, como es el túnel bajo la Alameda. Este tiene posibilidades, ya que la propuesta está cerrada y sólo quedaría refrendarla.
