El grupo provincial de Izquierda Unida solicitará la comparecencia del presidente de la Diputación, Elías Bendodo, para que explique lo sucedido en relación a la denuncia de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) sobre la adjudicación del Consorcio Provincial de Basuras a una UTE formada por las empresas Urbaser y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en 2013 por 76 millones de euros.
El escrito solicitando la comparecencia de Bendodo se hace eco de la información publicada el martes por La Opinión de Málaga, según la cual la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha cuestionado el contrato de adjudicación por 76 millones a las empresas Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Urbaser para la recogida de residuos en los municipios de la provincia a través del Consorcio Provincial de Residuos, adjudicada en 2013.
La CNMC asegura que el concurso «es uno de los que estas empresas se han adjudicado de manera irregular» gracias a un acuerdo mantenido entre ellas y otras 33 sociedades con el objetivo de repartirse los contratos de recogida de basuras y residuos en toda España.
Este contrato de la Diputación es uno de los que aparece como práctica irregular en la resolución de Competencia, por la que impone una multa de 98,2 millones de euros a este grupo de empresas por mantener durante al menos trece años un acuerdo nacional de reparto de los contratos de recogida de basuras y residuos.
La portavoz del grupo provincial de Izquierda Unida, Toni Morillas, calificó ayer de extrema gravedad el asunto, «más aun teniendo en cuenta que algunas de las empresas multadas con 98 millones aparecían en los papeles de Bárcenas como presuntas donantes del PP».
El grupo de IU pedirá la comparecencia en el pleno de Elías Bendodo, que es también presidente del PP provincial. «Asimismo solicitaremos que se anule el contrato adjudicado a dichas empresas por parte del Consorcio de Residuos», concluyó Morillas.
La resolución de la CNMC también ponía en cuestión el contrato logrado por las empresas Urbaser y FCC para la recogida de residuos en Marbella, adjudicado en 2010.
«De la Torre debe despejar cualquier duda sobre si la adjudicación de Limasa pudo verse perjudicada por acuerdos de competencia desleal entre estas empresas, algo que la CNMC sí ha detectado en las contrataciones de otros ayuntamientos y diputaciones», señaló ayer Gámez.
Así, anunció el registro de esta petición, advirtiendo de que, de haber existido estas prácticas irregulares en el contrato firmado por el Ayuntamiento, se podría estar pagando más de lo necesario por el servicio que presta Limasa III. «Es razonable que se aclare si se ofreció el contrato a quien, aún ofreciendo un precio muy caro, no se lo merecía», manifestó Gámez, que incidió en que el coste por habitante del servicio de limpieza de Málaga es de los más altos de España. En este sentido, la candidata socialista pidió a De la Torre que permita la investigación de los técnicos municipales del Ayuntamiento sobre las circunstancias de la adjudicación del contrato a Limasa III por si pudo haber prácticas irregulares para perjudicar la libre concurrencia.
