El juicio que se tenía que celebrar esta semana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga contra cuarenta personas, entre ellas varios guardias civiles, fue suspendido ayer sin que se haya fijado nueva fecha, aunque previsiblemente podría posponerse hasta septiembre. La fiscalía y algunos abogados defensores trataron ayer de llegar a posibles acuerdos antes del comienzo de la vista oral, aunque según fuentes judiciales, finalmente no llegaron a ninguna conformidad y el juicio se celebrará para los cuarenta acusados.

Entre las personas que se sentarán en el banquillo de los acusados se encuentran seis guardias civiles, algunos del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil, entre ellos un teniente exjefe del grupo en Málaga y un sargento del mismo equipo. Para el teniente, el fiscal pide más de treinta años de prisión e inhabilitación por delitos como revelación de secreto, contra la inviolabilidad del domicilio, contra la salud pública o malversación de caudales, mientras que para al sargento la acusación pública le pide 55 años de cárcel, ya que además de los delitos anteriormente mencionados lo acusa también de blanqueo de capitales y cohecho.

En el relato de hechos hay más de una quincena de hechos delictivos y el fiscal, en su escrito provisional, relata varias operaciones contra el narcotráfico en Málaga y en la localidad de Marbella. Supuestamente, algunos de los guardias colaboraron con presuntos narcotraficantes que introducían droga desde Marruecos y le daban «cobertura y seguridad». Además, uno de los agentes procesados tenía presuntamente contactos con confidentes que avisaban de investigaciones que podrían estar realizando otros cuerpos policiales lo que le permitía impedir que continuasen.

La vista oral necesitará casi medio centenar de sesiones debido al número de acusados y testigos y además de la Fiscalía también se ha personado como acusación popular la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Esta acusación, AUGC, también acusa a un excapitán de la Guardia Civil al que no acusa la Fiscalía.