Urbanismo
El Catastro prevé detectar hasta 39.000 viviendas con irregularidades en Málaga
Inicia el plan de revisión en la capital y en otros doce municipios de la provincia, incluidos Estepona y Marbella

Vista aérea de la capital, donde revisará posibles modificaciones no declaradas en las 390.000 viviendas y propiedades inmobiliarias censadas. / Gregorio Torres
El Catastro ya se ha puesto a trabar en la gran revisión de viviendas en Málaga capital, donde espera regularizar hasta 39.000 obras no declaradas y que no pagan el IBI que les corresponde. Este es el gran objetivo para 2015, en el que se inicia la segunda fase de esta actuación, que pondrá bajo la lupa las casi 390.000 propiedades inmobiliarias censadas en el municipio, con idea de detectar modificaciones o ampliaciones que no han sido legalizadas y que se estima que podría alcanzar al 10% del parque inmobiliario de la ciudad, tal y como señala la directora general del Catastro, Beatriz Navarro Heras, en la revista oficial de este organismo.
La gran campaña de la Dirección General del Catastro inicia la segunda fase en la provincia, aunque quizá la de más calado al afectar a la capital, así como a otros doce municipios entre los que se encuentran algunos de los mayores de la capital, como Marbella, Estepona y Torremolinos. En total se quieren repasar los 758.232 inmuebles censados en estos trece municipios, que incluyen viviendas, aparcamientos, locales comerciales, edificios industriales y oficinas, entre otros.
La idea del Catastro es hacer aflorar aquellas modificaciones que han alterado sustancialmente la vivienda sobre lo que estaba declarado. Para ello se hará una comparativa de las fotos aéreas que han tomado del municipio con los planos del Registro, con idea de detectar cambios en las propiedades. Una vez descubiertos, una inspección sobre el terreno servirá de confirmación para levantar el expediente disciplinario.
Aunque todavía se está en las fases iniciales de esta revisión, el Catastro prevé aflorar hasta 39.000 irregularidades en la capital, ya que, según Beatriz Navarro Heras, se calcula que entre el 3% y el 10% de las viviendas han acometido pequeñas obras que no han sido declaradas y, por tanto, no pagan el IBI que les correspondería por el incremento de superficie conseguido.
El resultado de esta campaña tendrá, de hecho, una notable repercusión económica. Sólo en el caso de la capital se obtendrían unos ingresos de 2,3 millones de euros por gestión, correspondiente a los 60 euros que se cobran a cada infractor por la tramitación del expediente y que financia la campaña.
A partir de ese momento se empieza a tramitar la sanción, cuya multa final variará en función de la gravedad de la irregularidad. Por último, el infractor tendrá que hacer frente al pago del IBI revisado, con el incremento correspondiente a la obra no declarada y los atrasos. Esto último se dejará notar en los ingresos del Ayuntamiento, ya que aflorará una bolsa importante de modificaciones inmobiliarias que no abonaban los impuestos correspondientes.
Piscinas, parcelas supuestamente vacías donde ahora hay una vivienda, una planta ganada a la buhardilla, la ampliación de un chalet o habilitar espacio para un aparcamiento, son algunas de las irregularidades más comunes que se esperan detectar con el Plan de Regularización iniciado este año y que a partir del 1 de junio tiene previsto comunicar las infracciones.
Las sanciones, sin embargo, sólo se aplicarán a aquellas infracciones que superen unos determinados incrementos de superficie. Así, si una obra supera el límite de los 15 metros cuadrados construidos sin declarar o supera el 15% de la superficie construida original pasa a ser sancionable de forma automática.
En todo caso, estos infractores tienen la posibilidad de evitar la sanción administrativa si regularizan la construcción ilegal de forma voluntaria, aunque tendrían que seguir asumiendo la subida del IBI para adaptarlo a la nueva realidad y abonar los atrasos.
Esta campaña tiene una duración de cuatro años y afecta a todos los municipios de España, en los que se acomete la investigación de posibles modificaciones en las viviendas. La directoral General del Catastro subraya que esta campaña se pone en marcha tras el notable incremento del número de viviendas en la primera década del siglo, con 10 millones más entre 2001 y 2012, que también se tradujo en muchas ampliaciones de construcciones y reformas.
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