El edil del PP de Rincón de la Victoria investigado en el caso del presunto fraude en las subvenciones para cursos de formación para parados, Manuel Sánchez, decidió ayer presentar su dimisión y hacer hoy entrega de su acta de concejal. Esto se produce después de comparecer ayer miércoles ante los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que se encargan de la investigación.
Además, solicitará la suspensión de militancia del partido, «convencido de su inocencia, hasta que los juzgados aclaren todos los hechos». El motivo de esta decisión, según informó el concejal, a través de un comunicado remitido por el Ayuntamiento de Rincón, es «evitar el deterioro y el desgaste de su imagen pública, la de su familia, la de su empresa y la de la institución y partido al que representa, así como facilitar su defensa».
El edil compareció ante la UDEF acompañado de su abogado, tras lo que ha quedado en libertad, inicialmente con cargos. En su comparecencia, según explicó, defendió su actuación en relación con los hechos que se investigan, como es la concesión de una subvención por parte del SAE con cargo al programa 32D, con compromiso de contratación, en la convocatoria del 4 de noviembre de 2010. La ayuda otorgada a una empresa vinculada a él ascendió a 60.750 euros.
En el comunicado, el concejal señala que los hechos investigados son del año 2010, «fecha en la que no ostentaba ningún cargo público» y que la subvención concedida por la Junta fue para un curso de Ayudante de Cocina y está relacionada con su actividad profesional. Así, aseguró que en la declaración que realizó «ha quedado acreditado que el curso se impartió con normalidad y que el expediente del mismo fue aprobado por la Junta de Andalucía».
Asimismo, indicó que tiene «una resolución de la administración autonómica aprobando la liquidación definitiva a su favor de la acción formativa que llevó a cabo, y que asciende a 5.734,93 euros», un documento que ha sido entregado durante su declaración a la policía, ya que «no constaba en las diligencias de investigación por tener fecha muy reciente, relativa al 26 de enero de 2015».
El edil se mostró convencido de que «si las autoridades que investigan el caso hubiesen tenido este documento, no habría sido citado a declarar ni estaría inmerso en esta causa». Sánchez figura en la documentación acreditada del curso como coordinador y gestor del mismo, «una figura que está contemplada en la Orden de la Junta de Andalucía». Por estos conceptos «cobró una retribución de 10.000 euros por la totalidad del curso, es decir, por seis meses que duró la acción formativa más el tiempo previo y posterior en el que preparó la documentación del expediente», apuntando que «es falso que cobrara 5.000 euros al mes».
Asimismo, apuntó que «la orden solo exigía un profesor para la acción formativa, aunque fueron contratados tres con el objetivo de mejorar la calidad de la misma». «Todos ellos estaban en posesión de las titulaciones requeridas por la Junta de Andalucía para este curso, que fue impartido con total normalidad a 14 alumnos», manifestó. Así, indicó que «los gastos que la Junta no consideró que debía liquidar fueron descontados de la justificación de la subvención», insistiendo en el comunicado en que «una vez justificados todos los gastos, está pendiente de recibir 5.734,93 euros como liquidación de la acción formativa».
