La investigación por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación denominada Edu Costa tardará casi un mes en llegar a los juzgados de las provincias de Cádiz, Málaga y Almería, donde están previstas unas noventa detenciones.

Fuentes cercanas al caso han informado hoy a Efe de que se espera que la mayoría de las personas a las que se les está tomando declaración policial queden en libertad, unas con cargos y otras no, y que no sean citadas por los jueces instructores hasta que éstos hayan examinado los atestados.

Ello puede suponer que transcurran varias semanas hasta que la investigación entre en la fase de citaciones judiciales, según las fuentes, que han insistido en que todas las declaraciones que se están realizando estos días son policiales.

Los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía seguirán de esta forma la misma secuencia que en meses anteriores en las pesquisas relativas al caso Edu, que saltó en abril de 2014 tras hacerse pública una investigación iniciada a raíz de una denuncia de la Seguridad Social.

En la investigación de Edu Costa, en la que al menos han sido ya detenidas 17 personas y que afecta a 52 empresas por un fraude en los cursos de formación que asciende a tres millones de euros, hay implicados varios cargos públicos municipales del PSOE y del PP.

Entre ellos figura la exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez y el concejal del PSOE de Roquetas de Mar (Almería) Juan Fernando Ortega Paniagua.

El edil del PP en Rincón de la Victoria investigado en el caso del presunto fraude en las subvenciones para cursos de formación para parados ha defendido este miércoles su actuación ante los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que se encarga del caso. El concejal, Manuel Sánchez, ha comparecido ante los investigadores, acompañado de su abogado, tras lo que ha quedado en libertad, inicialmente con cargos, según han indicado fuentes cercanas al caso. Su comparecencia ha durado pocos minutos.

La investigación sobre Sánchez se refiere a una subvención concedida por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con cargo al programa presupuestario 32D, con compromiso de contratación, de la convocatoria del 4 de noviembre de 2010. La ayuda otorgada a una empresa vinculada a él ascendió a 60.750 euros.

Sánchez ha señalado a Europa Press que ha llevado el expediente completo del curso y los agentes "se han sorprendido de que esté auditado", apuntando que la Junta de Andalucía "inspeccionó el expediente y ha remitido una carta diciendo que me hará el último pago, de más de 5.700 euros".

Ha apuntado que, al parecer, "esta ultima documentación no la tendrían, porque se han quedado con una copia" y ha precisado que en su comparecencia se le han realizado "pocas preguntas" y "muy concretas" sobre la titularidad de la empresa o si conocía a alguien de la Junta relacionado con el tema de los cursos, "que es que no".

Asimismo, se le ha preguntado por si había pagado comisiones a alguien, "algo que tampoco ha pasado". A su mujer y a su hijo, que también han comparecido, se les ha preguntado sobre si se hizo el curso, si se compraban materiales para realizarlo y sobre la asistencia al mismo.

Sánchez ha insistido en que todo está correcto y ha señalado que "se están revisando todos los cursos y se está llamando a todos los relacionados con los mismos". Por tanto, ha confiado en que pronto esto sea "un caso archivado".