El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, instructor del caso sobre supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación denominado Edu, comenzará en abril la toma de declaración a investigados y testigos de la primera fase de la operación.
Unas trescientas personas, entre ellas alumnos, profesores y empresarios, todas ellas relacionadas con las empresas y los cursos impartidos en la primera convocatoria investigada por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de diciembre de 2010, tendrán que comparecer ante el juez instructor.
También serán citados los responsables y funcionarios encargados de conceder las mencionadas ayudas, según han indicado a Efe fuentes judiciales.
Para no entorpecer ni paralizar el trabajo de otros asuntos, el juzgado tiene previsto tomarles declaración durante varios meses.
Las primeras declaraciones se producirán el 17 de abril y cada día intentarán que declaren varias personas, aunque no tengan relación con la misma empresa.
Esta primera fase del caso Edu, que investiga el presunto fraude en los fondos de formación para desempleados, se ha dividido en dieciséis piezas separadas, aunque las diligencias se centran en diecisiete empresas, pero dos de ellas se han agrupado en una misma pieza separada por tener vínculos.
El instructor adoptó dicha decisión para agilizar el procedimiento después de que la Fiscalía Anticorrupción lo solicitara a finales del año pasado.
También está previsto que en los próximos días el juez instructor reciba la investigación de la segunda parte de las pesquisas, la denominada Edu Costa, y que afecta a diez empresas en Málaga, todas ellas relacionadas con una convocatoria de ayudas de noviembre de 2010.
Con la resolución de la Consejería de Empleo de 4 de noviembre de 2010 se concedieron en Málaga ayudas a treinta empresas pero los investigaciones han detectado irregularidades en diez de ellas.
Las irregularidades detectadas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones.
La investigación del presunto fraude en los fondos de formación para desempleados se inició a raíz de una denuncia ante la Unidad Central de Delincuencias Económica y Fiscal (UDEF).
El caso se inició tras las irregularidades detectadas por la Seguridad Social, que fue lo que activó la alarma y provocó la investigación por parte de la UDEF.
Esta unidad, tras investigar el caso, ratificó las supuestas irregularidades que se detectaron, entre ellas falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se les concedieron los fondos y también un supuesto incumplimiento en la contratación del sesenta por ciento de alumnos o posibles irregularidades en los partes de asistencia.
Los agentes también determinaron en sus informes que pudo haber falta de control a la hora de conceder los fondos y en la justificación posterior de los programas formativos.
