El acceso a los alimentos que reparten bancos de alimentos y ONG no será tan sencillo como hasta ahora. El Gobierno aplicará este año unos nuevos criterios, aprobados en octubre de 2014, que exigen a los usuarios estar inscritos en el registro de exclusión social. Además, a las entidades encargadas del reparto de alimentos se les reclama que asuman en solitario las actividades necesarias para la reinserción social y laboral de estas familias.

Jesús Rodríguez, presidente de Er Banco Güeno, destacó que la nueva obligación de obtener el certificado de exclusión social condena a muchas familias a ponerse bajo la lupa de la Fiscalía de Menores, con las consecuencias que pueden derivarse de ese control sobre las familias.

Para Rodríguez esta medida sólo tiene como objetivo «dificultar el acceso de la familias y maquillar las estadísticas de la pobreza», además de ser un acto que consideran «tan cruel como innecesario» cuando hay muchas familias «que acuden avergonzadas a pedir alimentos».

Este requisito se suma a los que ya se solicitaban antes, como el certificado de empadronamiento en el mismo municipio que la entidad que suministra los alimentos, presentar el Libro de Familia y un certificado que demostrara que no tenía ingresos estables.

Este mayor control de los solicitantes se aprobó en octubre del año pasado y también incluye exigencias para las entidades encargadas del reparto de la comida. Así, el Gobierno establece que las ONG asuman la puesta en marcha de medidas que permitan la inserción laboral de los beneficiarios del reparto de comida, algo que desde Er Banco Güeno consideran inasumible por entidades como la suya, ya que exige un desembolso económico y preparación técnica que es inasumible actualmente sin una subvención.

El coordinador provincial de Cruz Roja en Málaga, Samuel Linares, reconoció que poner en marcha medidas de acompañamiento formativo o de orientación para los usuarios del reparto de alimentos es muy positivo, aunque subrayó que «por ahora parece que no hay dinero y es muy difícil de concretar para muchas asociaciones». Linares explicó que Cruz Roja ya trabaja en este línea, para lo que cuenta con tres oficinas de empleo subvencionadas por el Gobierno y la Junta de Andalucía, pero reconoció que hay muchas entidades «que no tienen capacidad operativa, financiera o administrativa» para poner en marcha estas medidas.

Actualmente el reparto de comida a personas necesitadas beneficia a más de 94.000 personas en la provincia, que se surten de productos básicos a través de la acción de 339 entidades sociales, que a su vez reciben los fondos alimentarios de la Cruz Roja y Bancosol, encargados de la distribución de estos productos. Sólo durante el año pasado se repartieron 1,3 millones de kilos de alimentos por valor de más de un millón de euros, cifras que Er Banco Güeno teme que el Gobierno quiere reducir con las nuevas medidas de control del reparto.

La Cruz Roja subraya que este sistema se tiene que ajustar todavía, pero responde más a un cambio en el sistema de reparto, al entrar el Ministerio de Servicios Sociales en la organización y control de los fondos, con idea de asegurar su reparto equitativo.

Para este ejercicio está previsto que el FEGA destine unos 115 millones de euros para la compra de alimentos que luego se repartirán en tres fases, las dos primeros serán a lo largo de 2015 y la tercera, a comienzos de 2016.