Por la mañana el panorama no era ni mucho menos alentador. El delegado del Gobierno de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, insistía en que la Intervención no autorizaría ningún ingreso hasta que no se justificara todas las facturas de las escuelas de hostelería, para permitir el tránsito al nuevo modelo de gestión promovido por la Consejería de Educación, y que les garantiza un futuro viable y solvente. Sin embargo, la participación de la presidenta, Susana Díaz, fue decisiva. A mediodía de ayer recibió a cinco alumnos de La Cónsula y La Fonda y se comprometió con ellos a resolver sus problemas en un plazo máximo de diez días. Será una solución temporal, mientras que definitivamente se liquida el anterior consorcio y se completa el nuevo.

La Junta se compromete así a garantizar la continuidad de la formación en estos dos centros que arrastran problemas desde hace meses. Mientras este proceso de integración se culmina, y para que tanto La Cónsula como La Fonda puedan realizar su actividad formativa, el Ejecutivo andaluz ha decidido que la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación (APAEF) les encomiende de forma provisional esta actividad, dando cobertura y garantizando, de modo inmediato, la continuidad del curso, en un caso, y el inicio de las clases, en el otro, con cargo a los presupuestos de esta Agencia. Este organismo fue creado de la nada, ya que el consejero de Educación, Luciano Alonso, apostó por que se mantuvieran este tipo de escuelas, referentes turísticos durante todo este tiempo, y que para garantizar su futuro a partir de ahora funcionarán con un presupuesto anual y no con subvenciones y que los trabajadores pasen a formar parte del personal de la Junta de Andalucía

¿Con qué dinero piensa Díaz pagar las diez nóminas que debe a los profesores de La Fonda, los dos últimos sueldos a los de La Cónsula, adquirir género para el restaurante, saldar las deudas con los proveedores, abonar los créditos con Unicaja y reparar los numerosos desperfectos de las instalaciones? Según explican los representantes de los alumnos, que se han visto con la presidenta, la viceconsejera de Educación, Montse Reyes, y otros asesores en la sede de Unicaja tras un acto con empresarios andaluces, para ello utilizará parte la subvención pendiente del curso 2013/2014 (el 75%) y que aún no se había ejecutado, una inyección económica de 1,1 millones de euros, que según Díaz ya está aprobada, pero que no puede hacerse efectiva hasta que no se culminen todos los trámites, es decir, la fiscalización de todos los expedientes y facturas antiguas, como exigen los interventores. Para eso se da diez días. Los estudiantes insisten en que se trata de una solución transitoria y que los técnicos de la Junta, y la propia Díaz, les han insistido en que el tránsito al nuevo modelo de gestión puede durar aún cuatro meses como mínimo, aunque fuentes de la Junta confirman que en diez días ya funcionarán con normalidad y que ese tránsito puede realizarse en menor tiempo.

La Junta creará una mesa de trabajo compuesta por alumnos, profesores y técnicos de la Consejería de Educación para que canalice soluciones y tratar unos puntos, que según los estudiantes, «están más que hablados, redactados, incluso presentados a la autoridades, las cuales han hecho caso omiso».

Sobre la propuesta del Ayuntamiento de Málaga de que el IMFE se haga cargo del consorcio, la presidenta respondió que es del todo inviable y recordó que el Consistorio malagueño debe aún 1,3 millones.

Pese a estas promesas, los estudiantes mantienen todas las movilizaciones y protestas previstas. De hecho, anuncian que hoy sigue adelante la manifestación que a las 10.00 horas partirá del Edificio Negro y a la que acudirán alumnos, profesores, exalumnos y empresarios del sector turístico de la Costa del Sol. «Por mucho que nos digan vamos a seguir con las movilizaciones y las manifestaciones que tenemos hasta que no veamos abierto el restaurante», dicen los alumnos. Lo mismo le ocurre a los profesores de La Fonda. Aunque ellos no han sido recibidos por la presidenta de la Junta, sí han recibido la noticia de que en 10 días cobrarán. «No nos queda otra que creer en esta palabra», asegura Carmen Sánchez, portavoz de los docentes.

Según la Junta, esta nueva Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación (APAEF) ha salvado ya otros consorcios que atravesaban situaciones similares como la escuela de hostelería de Cádiz, la de Islantilla en Huelva, la de madera de Encinas Reales, la de joyería de Córdoba, el centro de formación en artesanía, restauración y rehabilitación del patrimonio artístico del Albaycín de Granada y la escuela de formación de artesanos de Gelves.