­El PP sacó ayer adelante en el Congreso de los Diputados el decreto ley que incluye la regulación de la segunda oportunidad, una votación en la que contó con el apoyo de CIU, y la abstención de PSOE, UPyD, ERC, BNG y CC-NC. Sólo PNV y la Izquierda Plural votaron en contra. Esta norma, que ahora inicia su trámite parlamentario hasta su aprobación, pretende ofrecer una posibilidad a las personas físicas y sobreendeudadas de buena fe para que puedan retornar a la economía productiva y no tengan que arrastrar deudas de por vida. Sin embargo, los autónomos no lo ven igual y piden que el texto tenga en cuenta los créditos públicos y se facilite el reinicio de la actividad empresarial con la tarifa plana para trabajadores por cuenta propia.

El ministro de Competitividad, Luis de Guindos, que defendió la ley desde el estrado, se mostró abierto a introducir alguna mejora en el decreto, que previsiblemente se tramitará como proyecto de ley como han pedido diversos grupos parlamentarios. También recordó que el decreto supone la mayor planificación del régimen de insolvencia en España al actuar en la fase preconcursal, la concursal e incluyendo a las personas físicas.

A su parecer, las nuevas medidas completan un ciclo que modifica las relaciones entre acreedores y deudores justo cuando el país está saliendo de la crisis y las entidades están ya en otra situación.

De cualquier forma, el vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA), Rafael Amor, se quejó de que la norma «no incluya la deuda de los créditos públicos, es decir con Hacienda y la Seguridad Social, la mayoría para los trabajadores por cuenta ajena».

Amor exigió también que la norma contemple un reemprendimiento fácil para el autónomo o empresario que cesó en su negocio de buena fe y dejó deudas, de forma que «el reemprendimiento, la reentrada se inicie vía tarifa plana», es decir, en lugar del pago de 260 euros mensuales éste baje a 50 para los jóvenes o los mayores de 50 años durante dieciocho meses o un trienio. En Málaga, precisó, hay en torno a 100.000 autónomos, que, de momento y si se aprobara así la ley, sólo verían aliviadas la carga crediticia privada si quebraran.

El texto revisa la negociación extrajudicial, en la que el deudor puede intentar acordar con los acreedores una reestructuración de su deuda, apoyado por un mediador concursal, de modo que el procedimiento se ajuste a las especificidades de pymes y personas físicas.

En caso de que esta opción no prospere, se acudirá al concurso de acreedores, que podrá acabar con la exoneración de las deudas pendientes tras la liquidación siempre y cuando se hayan pagado los créditos no privilegiados, contra la masa, y, si no se ha intentado el acuerdo extrajudicial, el 25% de los créditos ordinarios.

Si no se cumplen estos objetivos, el juez puede imponer al deudor un plan de pago a cinco años, durante los cuales el crédito hipotecario tendrá un tipo equivalente al Euríbor más el 0,25%. Si el plan se cumple, el ciudadano quedará liberado del resto de su deuda. No obstante, acogerse a esta opción supondrá figurar cinco años en un registro público de Economía.

El Gobierno ha introducido ciertas salvaguardas como limitar diez años la frecuencia con la que se puede acudir a esta posibilidad e introducir el control jurisdiccional.

La oposición, por su parte, critica que la ley no exonera las deudas de forma definitiva, dado que en cinco años los créditos pueden resucitar si el beneficiario mejora de situación.