El Gobierno introduce otra moratoria de dos años para los desahucios

­En el mismo decreto aprobado ayer, el Gobierno aprovecha para ampliar los requisitos para poder acogerse al Código de Buenas Prácticas bancarias, de modo que el límite de los ingresos sea finalmente tres veces el IPREM calculado con catorce pagas (en lugar de doce, como hasta ahora). Asimismo, se amplía por dos años, hasta 2017, la moratoria a las ejecuciones hipotecarias -que vencía el próximo mes de mayo- para que quienes cumplen las condiciones exigidas no pierdan su vivienda, si bien durante ese tiempo seguirán acumulando intereses de demora en su deuda.

Además, se considerarán ciudadanos especialmente vulnerables los mayores de 60 años y también se eleva el precio pagado por el inmueble, de modo que más personas puedan beneficiarse de las medidas de reestructuración, quita o dación en pago que prevé el Código, previa negociación con la entidad financiera.

El Ejecutivo también amplía estas medidas, ya que quienes cumplan los requisitos del Código verán eliminadas las cláusulas suelo de sus contratos hipotecarios (incluso aunque se hayan acogido a la segunda oportunidad), si bien no será con efectos retroactivos ni se les devolverá ninguna cantidad abonada por este concepto.

El Ejecutivo también ha recogido en este decreto ley algunos de los anuncios realizados por el presidente, Mariano Rajoy, durante el debate sobre el estado de la nación. Por ejemplo, la ampliación del cheque familiar, para que las deducciones acumulables en el IRPF lleguen también a las familias monoparentales con al menos dos hijos o a los pensionistas o parados con prestación por desempleo que tienen a su cargo a una familia numerosa o a algún discapacitado.

Una medida que tendrá un coste anual estimado en unos 410 millones de euros asumidos por el Estado y que beneficiará a unas 131.401 familias monoparentales con al menos dos hijos (128 millones de euros), a 73.285 pensionistas con descendientes discapacitados (88 millones) y a 176.525 ciudadanos que reciben prestación por desempleo.

Asimismo, en el decreto el Gobierno también ha incluido la eliminación de las tasas judiciales a las personas físicas, que tendrá un coste recaudatorio para las arcas públicas de 65,12 millones de euros, así como la reducción de 35 a 20 de las jornadas necesarias para que los trabajadores eventuales del campo tengan acceso al subsidio y la renta agrarios. Asimismo, da forma legal al acuerdo alcanzado con los funcionarios para constituir mesas de negociación específicas en Salud.