Las administraciones públicas han jugado un importante papel a la hora de hacer frente a los desahucios, aunque todas las medidas han acabado quedándose cortas ante la sangría de desalojos propiciada por la crisis económica. Sólo un rosario de muertes obligó a las instituciones a mover ficha.

Gobierno

El clamor popular y la oleada de suicidios llevaron al Gobierno a tratar de reformar la Ley Hipotecaria española, algo que hizo con el apoyo de los bancos y las cajas de ahorros, preocupadas por la imagen que daban las muertes de las firmas. Así, ambos decretaron una moratoria de dos años en la ejecución de desahucios, muchas entidades según su criterio y el Gobierno imponiendo unas condiciones que sólo ayudaron a una mínima parte de la población, los familias que en peor situación estaban, excluyendo a la clase media. Lo mismo se hizo con la Ley Hipotecaria y, en un principio, con el Código de Buenas Prácticas Bancarias, que, para empezar, era voluntario para las entidades. La ley establecía la suspensión para familias numerosas, monoparentales con hijos a cargo, las que tienen un menor de tres años, cuidan a un discapacitado o dependiente o cuando el deudor haya agotado el desempleo o prestaciones sociales, además de las víctimas de violencia de género.

Junta de Andalucía

El PSOE, en su programa electoral andaluz, saca pecho de la Ley de Función Social de la Vivienda, hecha junto a IU en el Gobierno regional, una norma que permitía expropiar casas a la banca para evitar el desahucio de personas o familias en riesgo de exclusión social, pero el Ejecutivo central del PP interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional y la medida estrella del Gobierno andaluz quedó paralizada hasta una decisión definitiva. Lo mismo ocurrió con una normativa posterior que iba por el mismo camino.

Unión Europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea marcó el camino, ya que tumbó la Ley Hipotecaria del PP por no dar opción a los consumidores a alegar que su cláusula suelo era abusiva antes de que se produjera el desahucio. Luego, también impuso que los habitantes de la casa y, no sólo la banca, podían recurrir las sentencias relativas a este problema.