Las hipotecas a 40 años durante la burbuja inmobiliaria se quedan pequeñas comparadas con el tiempo que llevan muchos vecinos de la barriada García Grana para convertirse en propietarios de sus pisos municipales en alquiler con opción a compra.

Cuando en 2003 se inauguró la nueva barriada sobre los restos de la anterior, construida en 1959, los vecinos que llevaban pagando el alquiler desde entonces se llevaron la sorpresa de que el contador se ponía a cero para todos los inquilinos.

Como adelantó La Opinión en 2008, por este motivo se constituyó una plataforma de 22 vecinos con contratos antiguos que contrató a una abogada y que en abril de 2011 consiguió, en principio, su objetivo: el consejo rector del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) admitió sus reclamaciones.

«Dio un plazo máximo, hasta 2014, para que el IMV facilite el crédito para la concesión de una hipoteca y adquirir definitivamente las viviendas, para el caso de que quedara alguna parte pendiente de pago», precisa Sergio Brenes, concejal socialista.

Pero el plazo ha pasado y los vecinos siguen sin ser propietarios. Como destaca el concejal, el IMV ha querido hacer extensible esta decisión a toda la barriada, por si hay más casos, de ahí que esté recopilando datos de decenas de familias.

«Por lo menos son 200 de 500 viviendas que hay», calcula Rosa Meléndez, presidenta de la plataforma vecinal Záncara y una de las vecinas que reclamó. Victoria, otra de las afectadas, subraya que cada uno de los 22 vecinos «hemos dado 500 euros para defender la barriada entera y nos están toreando por completo. Queremos una solución», al tiempo que señala que «hace falta un concejal como Diego Maldonado», anterior edil de Urbanismo.

«Que lo hagan a toda la barriada pero que terminen, nosotros hemos abierto el camino», destaca Rosa Meléndez, que pide que también se contemple a vecinos con contratos de 1975 o 1980, «porque ya ha pasado tiempo».

Para la abogada de estas 22 familias, Concepción León-Parreño, «la excusa que pone el Ayuntamiento de que hay otros a la espera no es creíble», «nos tenían que haber contestado en un plazo prudencial y no a los cuatro años», añadió. La abogada dice que de esos 22 hay 3 vecinos que según el IMV no cumplen las condiciones ya que no hay parentesco entre los nuevos y antiguos inquilinos. «Pero ha habido una cesión de derechos tácitamente aceptada por el Ayuntamiento», precisa la abogada, que señala que cuando se solucione la situación de estos tres vecinos, «exigiremos el cumplimiento de lo acordado».

En el próximo pleno, el grupo municipal socialista presentará un ruego para pedir el desbloqueo de la situación de estas 22 familias. «Es estupendo que se amplíe a toda la barriada porque tenían la misma opción a compra hace 50 años, pero ahora están estas 22 familias y tienen toda la razón en preguntar por qué tienen que esperar cuatro años para que se cumpla lo acordado».

El concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, respondió a este diario que ahora mismo está abierto el plazo de alegación para los vecinos que no han podido demostrar documentalmente que son propietarios antiguos. «Es verdad que estos 22 vecinos fueron los primeros pero tienen que esperar al resto, no podemos llevar dos procesos de legalización del barrio, hay que hacerlo para todo el barrio en igualdad de condiciones», concluyó.