Málaga es la segunda provincia española con más denuncias por los secuestros virtuales con 35 casos, frente a los 75 de Madrid. También se han registrado situaciones similares en Sevilla y Zaragoza. La Policía Nacional dio ayer por desarticulada la trama autora de estas llamadas, un grupo organizado que operaba desde una cárcel de Chile, país al que se desplazaron dos agentes de la Sección de Secuestros y Extorsiones para identificar a quienes hacían la llamada y a los encargados de hacer efectivos los ingresos.
Los casos, por tanto, se han disparado en Málaga de forma que se ha pasado de las diez denuncias presentadas hasta el 22 de marzo a las 35 de ahora, según los datos de la policía.
En todo el país se han registrado 162 denuncias. Sólo un 10% de ellas, es decir, 14 víctimas, hicieron efectivo el pago del supuesto rescate. Los secuestradores exigían por teléfono a familiares atribulados el pago de entre 350 y 5.000 euros por la liberación de un allegado. En total, la red llegó a obtener 11.000 euros. Eso sí, recuerda la policía que sus objetivos eran elegidos de modo aleatorio, sobre todo en ciudades. Quienes sí han ingresado las sumas solicitadas son personas de avanzada edad que no suelen relacionarse en redes sociales ni en entornos virtuales.
Los investigadores han identificado y localizado a los miembros de la trama chilena, a los que se les endosan centenares de llamadas. Los agentes se desplazaron a Santiago de Chile para cooperar con la Policía de Investigaciones Chilena (PDI), de forma que llegaron a establecer que los autores intelectuales de las estafas telefónicas estaban reclusos en una cárcel de la capital del país latino, desde donde realizan esas comunicaciones, y que sus familiares y amigos son los responsables de hacer efectivos los ingresos que hacen las víctimas.
Ahora se está a la espera de que los fiscales y jueces chilenos contesten a la solicitud de ayuda judicial internacional enviada por la Justicia española. Los funcionarios advierten de que estas llamadas pueden seguir produciéndose hasta que Chile no cierre el proceso, y, de cualquier forma, personas ligadas al grupo criminal podrían persistir en ellas. Tras la desarticulación de la organización, las denuncias han bajado considerablemente.
Efectuaban llamadas indiscriminadas, tanto a fijos como a móviles, de potenciales víctimas españolas y, cuando éstas descolgaban el teléfono, les comunican que su hijo o hija está secuestrado. A veces, el desconocimiento de las circunstancias personales de su presa ha llevado a que se equivocaran en la descripción del género del secuestrado o, incluso, llegaron a llamar a familias que no tenían descendencia. Luego, rehicieron esa expresión a una formulación más general, «tenemos a un familiar suyo secuestrado». Los amenazaban con quitar la vida o torturar a los secuestrados a cambio de una determinada cantidad de dinero. «¿Cuánto valoras cada de dedo de tu hijo?».
Al principio, se sospechaba que hacían un estudio previo y captaban información para elegir a sus víctimas, pero seguían criterios aleatorios, decantándose por la utilización de un número masivo de teléfonos, prefiriendo los fijos sobre los móviles para minimizar gastos. La prioridad es que el engañado, presa del shock emocional, hiciera el envío de dinero a través de compañías internacionales de forma rápida, por ello las llamadas eran largas. Llegaban incluso, a imitar las voces de los familiares durante apenas segundos para acrecentar la desesperación de sus objetivos.
