El tiempo se ha convertido en el principal obstáculo para que las asociaciones cumplan las nuevas condiciones necesarias para acceder al reparto de alimentos impuestas por la Unión Europea para controlarlos. La próxima entrega del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) es en junio y las asociaciones tienen que disponer antes de un registro de usuarios que estén en situación de exclusión social. En función del número de certificados que contabilicen, recibirán los lotes de alimentos.
En la actualidad, 9.400 personas se benefician de la entrega de productos básicos de la cesta de la compra que hacen 336 entidades sociales a través de los fondos de Cruz Roja y del Bancosol de Alimentos (Bancosol).
El jueves se reunió Bancosol con las entidades que trabajan para detallar todos los pasos a seguir, aunque prima el lograr el mayor número posible de certificados que verifiquen la exclusión de los usuarios. En menos de dos meses se hace el primer reparto de y deben agilizar los trámites lo máximo posible. «Lo que puede suceder es que una asociación reciba alimentos para 600 personas y los tenga que repartir entre 1.000», explicó el presidente de Bancosol en Málaga, Javier Peña.
El pasado octubre de 2014 ya se hicieron públicos los nuevos criterios y aún hay muchas entidades que no saben con exactitud qué hacer y hasta qué punto les perjudicará. La normativa exige ahora que las propias asociaciones certifiquen a través de un trabajador social, psicólogo o pedagogo que el usuario requiere ese servicio social. Cuantas más se registren, más kilos de alimentos recibirán.
Sin embargo, el coordinador provincial de Cruz Roja en Málaga, Samuel Linares, denuncia que muchas asociaciones no cuentan con personal para hacer este ejercicio y contratar se convierte en una opción difícil. Aun así, el presidente de Bancosol asegura que las asociaciones que no tengan entre sus filas personal cualificado pueden recurrir a los ayuntamientos e incluso las asociaciones se pueden ayudar entre ellas. Estos matices dependen de las circunstancias de cada una. También se baraja la posibilidad de crear una bolsa de empleo con estos profesionales para abordar este asunto.
Estos requisitos se unen a los que se pedían hasta la última convocatoria, el certificado de empadronamiento en el municipio donde se suministran los alimentos, presentar el Libro de Familia y un documento que acreditara la falta de ingresos regulares.
Estos nuevos mecanismos de control servirán hasta marzo de 2016, mes en el que se espera la última entrega de este año. Para entonces se habrán destinado hasta 115 millones de euros para la compra. Las dos entregas restantes se harán en junio y octubre. Peña aclaró que lo primordial es presentar el máximo de certificados posibles y continuar de cara al próximo reparto para aumentarlo.
