Más de 3.500 desempleados malagueños que han agotado todas las prestaciones disponibles y que cuentan con responsabilidades familiares, a un ritmo de casi 1.200 al mes, han solicitado ya la ayuda de 426 euros aprobada a finales de 2014 por el Gobierno. Esta aportación, que puede cobrarse durante un máximo de seis meses, está abierta a solicitudes hasta abril de 2016, aunque sus beneficiarios deben acreditar también que buscan activamente un puesto de trabajo, cumplir un itinerario diseñado por los servicios públicos o suscribir un compromiso de actividad que incluye la aceptación de las acciones formativas que se les propongan. La estimación del Gobierno es que en Málaga, durante este tiempo, se acojan a este programa 20.800 personas (en España, más de 400.000).

El director del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Málaga, Luis Lorenzo, explicó ayer a este periódico que casi el 80% de las solicitudes realizadas hasta la fecha -el plazo se abrió el pasado 15 de enero- están ya en fase de pago (1.987) o tienen la aprobación inicial (826). Por contra, 603 han sido rechazadas y otras144, de momento, están en fase de estudio.

Lorenzo recordó que, una vez que el SEPE comprueba que los solicitantes cumplen las premisas básicas, estas personas disponen de un plazo de 30 días para garantizar dos requisitos: el primero, demostrar que vienen realizando una búsqueda activa de empleo mediante documentos que certifiquen su asistencia a entrevistas de trabajo o presentación de currículos en empresas. El segundo factor antes de acceder a la fase de pago es realizar una entrevista con técnicos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en el que se le fija un itinerario laboral que están obligados a cumplir, con el compromiso de aceptar acciones formativas o, si aparece alguna, ofertas de trabajo que se consideren adecuadas.

El responsable del SEPE apuntó que tras un primera avalancha de solicitudes a finales de enero y principios de febrero en las 21 sucursales que el SEPE tiene en Málaga, el número de solicitudes diarias ha descendido, permitiendo un funcionamiento más normalizado del servicio de atención al usuario.

«Tuvimos jornadas punta en febrero donde recibimos hasta 144 solicitudes en un solo día. Posteriormente la media ha bajado a 40 al día y ahora tenemos entre 20 y 30», comentó el director. El primer aluvión de demanda provocó que la cita previa para los usuarios, que normalmente es de tres días, se fuera por encima de diez en más de la mitad de las sucursales.

Sin embargo, la situación se ha encauzado de forma progresiva y el plazo de espera ha vuelto a la normalidad en casi todas las oficinas de empleo de la provincia. La excepción es la de Gamarra, en Málaga capital, que mantiene un plazo de cinco días de cita previa debido al gran número de usuarios que dependen de esta sucursal. El director del SEPE, que ensalza la labor realizada por la plantilla para dar respuesta a la nueva demanda, explicó que es precisamente Gamarra la que más solicitudes de esta ayuda final lleva tramitadas (más de 552), seguida de La Paz (345), Capuchinos (289), Málaga-La Unión (266), la avenida de Andalucía (260) -todas ellas en la capital- y Álora (242). Entre las que menos han recibido figuran Campillos (37) y Archidona (26).

Los beneficiarios de la ayuda, además de estar inscritos antes del 1 diciembre de 2014, tienen que haber estado en el desempleo en los doce últimos meses de los 18 previstos desde la solicitud. Si se han tenido empleos cortos por máximo de tres meses no se tienen en cuenta. Y sólo es para parados que no reciban ayudas ni de su comunidad ni de su ayuntamiento y tengan responsabilidades familiares. Además, su nivel de renta no debe superar el 75% del IPREM.

Los sindicatos calculan que un 50% de los 191.899 parados de Málaga no cobran ya ninguna prestación.