La Fiscalía Anticorrupción en Málaga se opone a la ampliación de la investigación solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la causa que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona sobre el ático del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y considera «conveniente esperar a lo que pueda resultar» de las comisiones rogatorias ya tramitadas sobre la empresa que primero alquiló y luego vendió el inmueble.
Así consta en un documento, en el que el fiscal responde a las peticiones realizadas por el SUP en octubre y noviembre de 2014. Entre otras cuestiones, se pedía la identificación del delito previo al supuesto blanqueo de capitales, que para el sindicato sería un delito de cohecho «siendo el acto constitutivo del soborno el ático adquirido» a través de la empresa Coast Investor. Al respecto, dice que la existencia de esa presunta dádiva «carece de la necesaria acreditación indiciaria», apuntando a que la solicitud se apoya en un «razonamiento circular: la prueba del delito previo es la propia opacidad en la adquisición del citado inmueble».
Asimismo, se añade que para justificar la existencia de ese nuevo delito antecedente «debiera poder atribuirse el soborno, al menos indiciariamente, a alguna persona física o jurídica, cosa que no se ha efectuado», rechazando que se pueda remitir a las afirmaciones de otros querellantes, como la Asociación de afectados por la gestión de la televisión pública madrileña, toda vez que su querella ya fue rechazada en el Tribunal Supremo.
Por esto, considera conveniente esperar a las comisiones rogatorias libradas a las autoridades judiciales de Reino Unido y a Estados Unidos, para evitar una investigación prospectiva.
