25 de abril de 2015
25.04.2015
Tribunales

Un imputado en el caso Edu afirma que la Junta no inspeccionó el curso

Tanto este investigado como una compañera aseguran que el módulo se desarrolló con normalidad

25.04.2015 | 10:09

­El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga tomó ayer declaración a dos imputados en el caso Edu, por irregularidades en las ayudas a empresas de cursos de formación a parados. Uno de ellos, administrador de la sociedad en cuestión, explicó que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no inspeccionó en ningún momento si el módulo formativo se había impartido realmente, sino que ellos daban cuenta de eso en una aplicación informática hecha precisamente para eso.

Tanto el administrador como su compañera están vinculados a una empresa constituida en 2007 con amplia experiencia en formación. El curso en cuestión se impartió en 2011 y es relativo a auxiliar de protésico dental, para cuya ejecución se le concedieron 75.000 euros, una ayuda aprobada en la convocatoria del 15 de diciembre de 2010. Los dos encausados únicamente respondieron a las cuestiones de la defensa, y se negaron a hacerlo a preguntas del fiscal.

El módulo tuvo 15 alumnos y las preguntas versaron sobre cómo se gestionó la subvención y si el curso se desarrolló con normalidad, lo que ratificaron los dos imputados. El módulo fue de 709 horas.

La Junta, explicó el administrador, no hizo inspección alguna, aunque un programa informático llamado Gefoc ofrecía a los afectados la posibilidad de ir informando del seguimiento de las clases al SAE. Es una especie de intranet de control interno de asistencia de los alumnos por parte de la empresa.

Los investigados añadieron que no hubo ilegalidad alguna ni se inició expediente de reintegro. El fiscal, pese a que no recibió ninguna contestación, insistió en si la empresa cumplió el compromiso de contratación de los alumnos. El centro está homologado para dar ciclos formativos de grado superior y ha recibido subvenciones varias a lo largo de los años para impartir diversos módulos. La mujer se desvinculó de las tareas de administración, aunque tiene un porcentaje en la empresa. La defensa dará respuestas a las preguntas del ministerio fiscal aportando diversos informes y documentos para despejar cualquier duda.

Las investigaciones iniciales del grupo de Seguridad Social de la UDEF se centraron en 17 de las 20 empresas que obtuvieron subvenciones –por algo menos de dos millones de euros en total– en la convocatoria del 15 de diciembre de 2010, aunque, posteriormente, las pesquisas se ampliaron a una segunda convocatoria, la del 4 de noviembre del mismo año, en la que se detectaron irregularidades en 10 subvenciones.
Los agentes de la UDEF relatan en los informes remitidos tanto a la Fiscalía como al juzgado instructor que las irregularidades se habrían producido tanto previamente a conceder la ayuda, por supuesta falta de capacitación de empresas a las que se dieron fondos; y también posteriormente, al incumplirse a veces el compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o por la falta de control o falsedades en los partes de asistencia.

En esta causa, se investigan posibles delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. Además de las personas responsables de impartir los cursos, también deberán declarar los responsables de los mismos en la administración andaluza y alumnos y profesores.

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