­La Diputación de Málaga se despidió ayer con el último pleno de la vigente legislatura y lo hizo siguiendo la tónica habitual de los últimos cuatro años. Entre broncas y suspicacias. Esta vez, provocadas, casi de forma monotemática, por el Museo Taurino del coleccionista extremeño Juan Barco. Ubicado en la céntrica plaza del Siglo, ha sido motivo de una polémica consagrada desde el momento en que salió a la luz la situación contractual que ligaba a Barco con el Patronato de Turismo de la Costa del Sol.

Con la liquidación de la asociación del Patronato de Turismo, la Diputación también disolvió el contrato del centro taurino para adecuarlo al nuevo marco que exige la cesión de un edificio que, una vez sumado a los activos de la Diputación, ha pasado a ser de dominio público. El nuevo contrato, a diferencia del anterior, sí establece un canon anual, que se ha fijado en 51.250 euros, y cuenta con una vigencia de 20 años. De esta manera, el Museo Taurino estará blindando hasta el año 2035. El PP hizo valer ayer su mayoría en el ente provincial ante la oposición unánime de PSOE e IU.

Por lo demás, exceptuando la afluencia mínima fijada en el último contrato para que el museo tuviera que prestarle una contraprestación económica a la Diputación por el uso del edificio del antiguo Patronato de Turismo, todo permanece igual. De esta manera, Barco seguirá manteniendo los derechos de explotación de la tienda temática del museo y del servicio de restauración. En la actualidad, el centro taurino ya regenta un restaurante que se ha instalado en la terraza del céntrico edificio.

No se pudo someter a votación el expediente hasta bien iniciado el pleno porque todo estaba pendiente de que llegara el informe favorable por parte del interventor. Hecho que indica la urgencia de los plazos con la que se ha gestado el nuevo contrato entre Barco y Diputación. De esta manera, las críticas de la oposición coincidieron en la necesidad de frenar la ratificación del nuevo acuerdo y tanto PSOE como IU culparon a los populares de «hipotecar el futuro de la Diputación y al nuevo equipo de gobierno que saldrá de las urnas el próximo 24 de mayo».

Así, el portavoz socialista, Francisco Conejo, culpó a Bendodo de cederle uno de los mejores edificios del Centro de Málaga sin que la Diputación vea beneficio alguno. «Qué relación tiene usted o qué le debe a Juan Barco», preguntó en este sentido. Prosiguiendo el desencuentro, la portavoz de IU, Toni Morillas, se sumó a las críticas y no dudó en apuntar a un contrato orquestado para regalarle el edificio a Barco. «Está usted cediendo el edificio a precio de saldo en un acuerdo que no aporta nada a la Diputación ni a los ciudadanos de la provincia, además de hipotecar el futuro económico de esta institución para los próximos 20 años», señaló Morillas.

El acuerdo, según Francis Salado, portavoz del PP, sería «altamente beneficioso» para la ciudad de Málaga, ya que habría permitido traer «un museo muy importante por el que otras capitales se ofrecieron hasta a pagar dinero».

En una de las zonas más caras de la provincia. Con una superficie de 1.570 metros cuadrados y un valor estipulado en 5.125.000 euros. Son datos que indican la magnitud que podría alcanzar un edificio como el del antiguo Patronato de Turismo en el libre mercado. Sin embargo, en esta ocasión, no se han tenido en cuenta estos parámetros a la hora de redactar el nuevo contrato. Esto ha provocado que el servicio de Contratación y Patrimonio de la Diputación haya redactado un informe discrepante con la actual concesión, en el que señala textualmente que se «discrepa del índice de valoración tenido en cuenta, que ha tomado como referencia los réditos bancarios a plazo fijo del capital y las inversiones en tesoro público, en lugar del valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio público».

En dicho informe también se advierte de que como regla general y forma ordinaria de otorgar concesiones para que terceros ajenos a la Diputación utilicen de manera privativa y permanente edificios públicos propiedad de esta Administración, «ha de utilizarse la Concurrencia Pública, para que se determine mediante criterios objetivos previstos al efecto, quién es el tercero que mejor y justificadamente pueda llevar a cabo el uso que se pretende». Valoración que tampoco se habría llevado a cabo en este proceso. El contrato señala, al respecto, la posibilidad que brinda el artículo 137.4 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas y que permite ceder edificios sin concurrencia pública en «casos excepcionales y de manera justificada». En este sentido, Salado apuntó al «valor cultural» que tendría esta colección taurina.

Disolución del antiguo contrato. Fue una disolución anunciada y se hizo efectiva el pasado martes. Aprovechando la liquidación del Patronato de Turismo, también se acordó entre ambas partes implicadas la disolución del contrato que ligaba a la Diputación con Juan Barco. Si el antiguo contrato preveía una indemnización de un millón de euros, en caso de que se rompiera de forma unilateral, la sociedad responsable del Centro de la Tauromaquia ya avisó de que iba a renunciar a dicha indemnización en vísperas de firmar un nuevo contrato para seguir disfrutando del uso del edificio. Finalmente, con las elecciones del 24 de mayo ya tocando a la puerta, se aprobó ayer el nuevo acuerdo con los votos favorables de los diputados populares, que hicieron uso de su mayoría para ratificar el actual contrato. «Se ha cedido a un privado un edificio emblemático a precio de saldo y sin concurso para un museo taurino y un restaurante», criticó el portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, el nuevo contrato que tiene vigencia hasta el año 2035.