¿Una mujer que está privada de libertad y recibe una proposición sexual por parte de quien tiene que impedir que se escape da una respuesta afirmativa libre? ¿Hasta qué punto influye la condición de autoridad del oferente en su sí? Ésa es la clave del caso de los supuestos abusos sexuales de algunos policías del ya extinto Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) sobre inmigrantes irregulares que iban a ser expulsadas del país en unos días durante el caluroso verano de 2006. Nueve años después, el caso, plagado de reveses judiciales, llega a su fin y ayer expuso el informe final el letrado de Andalucía Acoge, José Luis Rodríguez, quien contestó a esas preguntas de forma contundente: las mujeres no hubieran dicho sí a los agentes en otras condiciones. Su aceptación estaba «viciada».

Hasta ahora son cuatro los agentes acusados, ya que se levantó la acusación en la última sesión de hace dos viernes contra el jefe de estos funcionarios, quien, por cierto, ha estado nueve años imputado por acariciar a una de las internas en el pelo. En esa sesión, el fiscal levantó la acusación sobre éste, y expuso sus dudas sobre si el consentimiento de estas mujeres estuvo viciado o no. A los agentes se les acusa de abusos sexuales en los que se prevalieron de su autoridad de funcionarios públicos.

A la espera de escuchar en las próximas sesiones a las defensas -ya queda poco-, el letrado de Andalucía Acoge aportó jurisprudencia a mansalva para fijar su postura: las mujeres no hubieran tenido relaciones en otras condiciones.

«Las mujeres estaban privadas de libertad, no hubieran tenido relaciones sexuales en otras condiciones con esos funcionarios, el consentimiento estaba viciado», se dijo. De absolver a los policías, pidió al tribunal que hiciera constar en su sentencia una petición al Gobierno para que se castigue a los funcionarios de los CIE que hagan requerimientos sexuales a los internos, algo que al parecer se castiga tanto en el caso de las cárceles como de los centros de menores pero no en el de los centros de internamiento.

En relación a una de las inmigrantes, la testigo protegido número 10, ésta declaró que mantuvo relaciones «para que le dieran papel higiénico». «Para los actos más cotidianos de la vida necesitaban el concurso de los funcionarios, bajo ese prisma hay que suponer que el consentimiento estaba viciado», precisó el letrado Rodríguez.

El caso ha estado lleno de trabas judiciales desde que se produjeron las detenciones de siete policías un lejano sábado de julio de 2006. Algunos de ellos estuvieron varios meses en la cárcel, y las mujeres, víctimas de los abusos, declararon en lo que se conoce como prueba preconstituida, es decir, en vistas que anticipaban el juicio y luego la Subdelegación del Gobierno las expulsó del país, para evitar, según dijo Hilario López Luna, el responsable de la época, no cumplir la resolución administrativa y prevaricar si las dejaba en España.

Muchas de ellas no pudieron venir al juicio y se pidió a los juzgados de sus país por medio de comisiones rogatorias que declarasen, incluso, por videoconferencia, pero esas peticiones tardaban meses u años en ser cumplimentadas, de ahí la enorme duración de un caso que ha puesto de los nervios a las familias de los acusados -han estado nueve años imputados-, y a prueba la paciencia de la justicia, pues la Sección Tercera y el fiscal han hecho todo lo posible por sacar adelante el caso.

Los abusos se produjeron en torno a tres supuestas fiestas que organizaron los agentes con las mujeres los días 3, 8 y 13 de julio de 2006. Una de las limpiadoras declaró que a la mañana siguiente encontraban en el CIE preservativos y botellas de alcohol. También se pedían pizzas.

Otra de las testigos aseguró que le daban bocadillos, y que también accedió porque le dejaban llamar a su hija a su país. En una de las noches de fiesta, precisó el letrado de Andalucía Acoge, se apagaron las cámaras de seguridad, «algo sospechoso». «Una dijo que tuvo relaciones sexuales completas fue sólo porque si no la trataban con indiferencia, y que te trataran bien no eran sólo regalos y comida, sino que te dieran papel higiénico», precisó el letrado.

El jurista insistió en que estos delitos no se cometen en un campo de fútbol, sino en la intimidad de aquel CIE de Capuchinos y sólo pueden corroborarse con las declaraciones de las víctimas, pero recordó que hay vídeos y fotos de las fiestas, «donde se ven la entrada y salida de funcionarios».

Este togado insistió en el «notorio desequilibrio de fuerzas» existente entre el guardián y la persona que está en el CIE o en una prisión. En los próximos días se fijarán nuevas vistas para que las defensas hagan sus alegatos.