14 de mayo de 2015
14.05.2015
Jornadas jurídicas

La Ley de Seguridad, "un primer paso ante el problema de la inmigración"

El juez decano de Melilla, que participó en las Jornadas 'Por el diálogo', asegura que la norma garantiza que los rechazos en frontera respeten los derechos humanos

14.05.2015 | 05:00
Ponentes en la sesión de ayer de las Jornadas Jurídicas ´Por el diálogo´.

El juez decano de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, consideró ayer que la Ley de Seguridad Ciudadana es «un primer paso» ante el problema de la inmigración «porque hace cosas muy importantes» e indicó que, en cuanto a los rechazos en frontera, «lo que se establece es que se deben efectuar siempre con respeto a los derechos humanos».

Lamo de Espinosa participa en las Jornadas Jurídicas «Por el diálogo», organizadas por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga (UMA), y patrocinadas por Unicaja, que abordaron ayer la Ley de Seguridad Ciudadana, que contiene una disposición adicional sobre la inmigración.

El juez decano de Melilla indicó, antes de participar en la jornada, que esta normativa «lo que hace es afrontar el problema» de la inmigración, «de una forma específica o a lo mejor con una redacción que todavía se tendrá que concretar más en el reglamento que posteriormente se dicte».

El primer punto que destacó «es reconocer que todos los aspectos relativos a la inmigración o por lo menos a la frontera tanto de Melilla como de Ceuta se tienen que realizar con un respeto profundo de los derechos humanos y a todos los derechos internacionales que ha suscrito España».

En segundo lugar, precisó que «en el apartado tercero de la disposición también establece que se debe garantizar plenamente el derecho de asilo». «Éstas son dos cuestiones muy importantes que creo que por lo menos son un punto de arranque para resolver esta cuestión y hacerlo, por supuesto, con respeto a los derechos fundamentales», dijo.

Preguntado por los rechazos en frontera, el juez decano de Melilla manifestó que «lo que se establece en la Ley de Seguridad Ciudadana es que se deben efectuar siempre con respeto a los derechos humanos».

«Creo que con eso por lo menos establece lo que debe ser la manera de hacer, de proceder», apuntó, añadiendo que «el desarrollo normativo que venga después, porque ahora tenemos una ley, pero luego se tendrá que recoger en el reglamento de extranjería, va a ser un punto muy importante, porque se va a concretar cómo se tiene que hacer».

Lamo de Espinosa se mostró convencido de que el legislador «hará lo mejor posible» el desarrollo de ese reglamento con una disposición que «sea garantista de esos derechos humanos que es, en definitiva, de lo que se trata, y de que tanto la seguridad de las fronteras por un lado, un aspecto esencial, como que los derechos humanos y el derecho a pedir asilo se garanticen plenamente y actúen concordes».

Apuntó que la ley «ya se ha empezado a aplicar», añadiendo que «lo que venga después», en cuanto a que se planteen recursos de inconstitucionalidad, son cuestiones «que superan con mucho las competencias que podamos tener los jueces de instrucción, que actuamos únicamente cuando nos presentan un asunto».

El juez decano de Melilla aseguró que cada vez que hay una denuncia se abre un procedimiento, como ocurre en otras cuestiones, e indicó que «es el juez instructor el que tiene que tomar las decisiones respecto a esa investigación».

Por su parte, el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Navarra Julio Muerza indicó que esta ley, respecto a la inmigración, «lo que hace es establecer un marco de actuación y habrá que ver luego los recursos humanos y de actuación para llevarla a cabo».

El catedrático explicó las situaciones procesales más novedosas que incluye esta legislación, indicando que «hay actuaciones de la Policía y otras autoridades que pueden rozar lo que son la vulneración de derechos fundamentales y que hasta ahora ese roce puede ser autorizado por un órgano que no es un juez». Así, puso como ejemplo el cacheo exterior, apuntando que habrá que ver eso «hasta qué punto choca o no con los derechos fundamentales».

Asimismo, manifestó que tras suprimirse las faltas en el Código Penal, algunas de esas conductas han pasado a llamarse delitos leves y otras, infracciones que se incorporan a esta nueva ley, con lo que, apuntó, «puede ocurrir que una infracción administrativa grave actual puede llevar consigo una sanción mayor que cuando era una falta antes, lo que puede llamar la atención».

Las jornadas fueron inauguradas, entre otros, por el delegado provincial de la APM, Antonio Valero; el presidente de la Audiencia malagueña, Antonio Alcalá, y Ángel Fernández Noriega, en representación de la entidad bancaria.

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