El enfado y la perplejidad de los asesores fiscales consultados se debe a que las ayudas no han sido voluntarias, sino que la Diputación y el Patronato de Recaudación las han dado «de oficio» a todos los que reunían los requisitos (estar empadronado, tener el pago bancario, no tener deudas tributarias y una vivienda con un valor inferior a los 100.000 euros). Hubo un plazo para renunciar que pocos conocieron pues la información se dio en el boletín oficial y en los tablones de anuncio de los ayuntamientos. «A nadie se le comunicó que la ayuda era una subvención estipulada como un ingreso patrimonial que había que declarar. Ha habido clara indefensión», señala un asesor. Cuando ahora algún contribuyente ha querido renunciar a la ayuda del IBI les han dicho que ya no es posible pues el plazo pasó. «Han creado una obligación de declarar sin pedirlo ni avisarlo. Es una barbaridad obligar a alguien a tributar, al menos sin habérselo comunicado antes».
