Suspenden el juicio al dueño de Aifos acusado de estafar a compradores de pisos

­La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga suspendió ayer el juicio previsto al que fue administrador de la promotora Aifos, actualmente en liquidación, Jesús Ruiz Casado, acusado de estafar a compradores de varios pisos de un conjunto residencial de la localidad de Fuengirola. En total, los afectados entregaron casi 390.000 euros. El juicio, en el que, además del ministerio público hay varias acusaciones particulares, se suspendió debido a que no se pudo concretar la declaración por videoconferencia de uno de los perjudicados, personado como acusación, que se encuentra fuera de España, según fuentes judiciales. Por esto, la vista oral se ha aplazado sin fecha.

El fiscal señala en sus conclusiones iniciales que Ruiz Casado era administrador de la mercantil en 2003, año en el que la empresa inició la promoción y construcción del conjunto residencial llamado Cortijo de Torreblanca, publicando la edificación en su página web. Entonces, comenzó a vender pisos «pese a carecer de licencia de obras, ya que ésta no le fue concedida hasta febrero de 2004». En los contratos se hacían constar «manifestaciones inveraces», dice esta acusación, como que las obras de la promoción «y particularmente las relativas a la vivienda objeto del presente documento, se están ejecutando». Esto propició la firma de los acuerdos «y el consiguiente desplazamiento patrimonial al generar en los compradores una expectativa sobre una realidad inexistente».

En diciembre de 2005, se dictó un decreto de paralización de obras por parte del Ayuntamiento de Fuengirola y se incoó un expediente sancionador provocado por «un exceso de la construcción respecto al proyecto inicial para el que se concedió la licencia», algo de lo que el acusado «no informó a los compradores», por lo que éstos continuaron cumpliendo las obligaciones de pago, dice el fiscal. Asimismo, el procesado siguió con la publicidad para la venta, «aún a sabiendas de la paralización», señala el ministerio público en su escrito provisional, apuntando que también se hacía constar en los contratos que las cantidades serían devueltas «cuando en realidad la sociedad no había suscrito seguro o aval que las afianzara». «No consta», igualmente, según la acusación pública, que el dinero entregado fuera depositado en la forma legalmente establecida para destinarse solo a efectos constructivos, sin que al menos durante los años siguientes antes de que Aifos entrara en concurso se hubiera reintegrado a los compradores, que no hubieran hecho estos anticipos «si no se hubieran ofrecido dichas condiciones de contratación».