­Judith Sáiz Soria, instructora del caso Acinipo contra la corrupción urbanística y política en Ronda, ha pedido dejar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad, y pasará a ser Juez de Adscripción Territorial (JAT) en Sevilla, una figura relativamente novedosa por la que los togados quedan a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de forma que su presidente, Lorenzo del Río, puede disponer de ellos para reforzar los juzgados que tengan mayor sobrecarga de trabajo.

El caso Acinipo, en el que hay una decena de imputados, entre ellos el exalcalde de la localidad, Antonio Marín Lara, estalló en septiembre de 2011 y la misma juez reconoció en noviembre de 2014 el «retraso que afecta a la investigación», una demora que podría afectar «a los derechos fundamentales» de los encausados. Precisamente, dictó esa providencia una vez que una pericial independiente sobre los terrenos de la antigua feria de Ronda concluyó que «se puede afirmar que la valoración realizada por el Ayuntamiento para el uso comercial del suelo ha utilizado los criterios correctos para la determinación del valor». Otra de las piezas investigadas es la construcción de un centro comercial, conectada también con esas parcelas.

La operación urbanística gestada en torno a esos terrenos conforman el núcleo central de las pesquisas. Los arquitectos municipales los tasaron en 5,7 millones de euros, pero tras una serie de compraventas entre sociedades se produjo una revalorización, explicaba la misma juez en un auto, del 861% hasta los 17 millones.

Es por ello que la togada pidió a la policía que remitiera «a la mayor brevedad los informes policiales pendientes, o que, por otro lado, informase de las causas que retrasan o imposibilitan su conclusión».

Pese a alertar ella misma del retraso en la tramitación del expediente judicial, Sáiz es otra más de los jueces de instrucción que acaban dejando el juzgado con el correspondiente macrocaso de corrupción a medias, o a varios años de su conclusión, por la falta de medios y ayuda que tienen para hacer frente a su enorme tarea. Todo depende de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apruebe o no su propuesta, un extremo que ninguna de las fuentes consultadas ha podido confirmar.

A las defensas de los encausados no les gusta la marcha de la juez. «Esto no nos gusta. Lo que queremos es que esto termine ya, sabemos que no hay nada. Se han levantado algunas medidas cautelares, pero cambiar el instructor a la mitad de la instrucción de la causa, mientras viene otro y se adapta... pues podemos hablar de hasta otro año de retraso».

En opinión de las defensas «los imputados están cansados y lo único que quieren saber es de qué se les acusa». Es más, inciden en que aún quedan informes policiales por llegar, aunque se muestran satisfechas por el hecho de que se les haya reconocido la afección a los derechos constitucionales de los imputados. «¿Cuándo vendrá un sustituto? ¿Tenemos que esperar un año más? Es que hay gente a la que no se le ha tomado declaración desde su detención en septiembre de 2011», señalan las fuentes de las defensas consultadas por este periódico. Aún queda mucha tela que cortar en Ronda.