La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo ayer a siete personas vinculadas con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía en Málaga, entre ellos el exdelegado provincial del ramo, Juan Carlos Lomeña, quien ya fue arrestado el pasado marzo por orden de la juez Mercedes Alaya en el marco de la operación Barrado, casi idéntica al caso Edu contra el fraude masivo en ayudas para cursos de formación a parados.

Fuentes cercanas al caso señalaron ayer que cada semana, desde abril y una vez judicializado el caso Edu, están declarando una serie de empresarios que impartieron los distintos cursos de formación a los desempleados en Instrucción 8 de Málaga. «Lo que se está estudiando es si los empresarios que dieron los cursos tienen alguna relación con el personal del SAE investigado», explicaron las mismas fuentes a este periódico.

La Fiscalía ya pidió, en un informe del 2 de junio de 2014, la imputación de siete miembros del SAE: cinco técnicos de empleo, una jefa de servicio y Lomeña. Las fuentes judiciales indicaron que las detenciones de ayer fueron llevadas a cabo a iniciativa de los investigadores, por tanto no partieron del juzgado.

En ese informe, el ministerio fiscal malagueño llegaba a afirmar lo que ayer ya apuntaron las fuentes consultadas: «Los administradores de ciertas empresas están vinculadas con organismos de la Junta o con ayuntamientos que les podrían haber facilitado el acceso a las subvenciones», consta en el sumario de Edu. También afirmaba que había reiteración de las ayudas a las mismas empresas. Por ello se está explorando qué vinculación hay entre unos y otros.

Entre los arrestados está Juan Carlos Lomeña, exdelegado de Empleo en Málaga, que fue citado el viernes a declarar y el lunes, según otra fuente que cita Europa Press, acudió a la Comisaría Provincial, lugar en el que quedó como detenido y salió en libertad tras comparecer ante los investigadores. Lomeña también fue arrestado el pasado marzo por la juez Mercedes Alaya en la operación Barrado, que investiga asuntos muy parecidos a los del caso Edu.

En Málaga, de momento, se investigan las subvenciones concedidas a empresas en dos resoluciones firmadas por Lomeña a finales de 2010 (15 de diciembre y 4 de noviembre). En la primera, los agentes de la UDEF ven irregularidades relacionadas con 17 empresas subvencionadas con 1,5 millones de euros; en cuanto a la segunda, se fiscalizan las subvenciones inyectadas a una decena de sociedades.

Un informe de la Intervención de la Junta ya reconoció que el SAE no cumplió la ley en las ayudas para los cursos de formación impartidos en Málaga. La situación era tal que los interventores propusieron un plan urgente para analizar todos los expedientes con justificaciones pendientes. Incluso, tras desgranar todo un rosario de irregularidades, aconsejaban hacer informes de inserción para comprobar la situación socio laboral de los alumnos. Un empresario de Vélez Málaga y militante socialista llegó a declarar a la policía: «Gente del PSOE me dijo que lo de los cursos era para ganar dinero», y hasta cartas anónimas llegaron a la Comisaría informando de las irregularidades de los módulos.

En la nueva fase que la UDEF desarrolla en toda Andalucía se han previsto 140 arrestos en todas las provincias. Además de los empresarios, las detenciones van a afectar de lleno a cargos de la administración acusados directamente de ser responsables de la concesión de las subvenciones.

El operativo se extenderá a lo largo de junio. Entre los afectados hay directores, jefes de servicio y responsables de departamento del SAE en Granada, Jaén, Málaga. Córdoba y Almería.

En Instrucción 8 han comparecido ya 19 personas relacionadas con seis empresas que impartieron distintos cursos. Los delitos investigados son falsedad, estafa o fraude en las subvenciones, prevaricación y tráfico de influencias. La unidad policial que investiga el asunto apunta en sus pesquisas a una supuesta falta de justificación inicial de los cursos y también del control posterior.

En total, ayer fueron detenidas 30 personas y tres imputados en seis provincias andaluzas -Cádiz, Málaga, Almería, Córdoba, Jaén y Granada-, a los que hay que sumar otros seis arrestos en Sevilla.

La mayoría de las empresas investigadas en Andalucía recibieron subvenciones de entre 60.000 y 200.000 euros, de forma que la UDEF llegó a estimar un montante defraudado de 3.000 millones.

Entre los implicados en la rama de la operación que afecta a Huelva y a Sevilla se encuentra, otra vez, implicado el empresario y exconsejero de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda, quien ya fue arrestado en agosto en Cádiz. Las fuentes no descartan que su detención tenga lugar en los próximos días.

En este caso, la operación ha sido llamada Eduende. Se trata de la tercera fase, aunque en febrero la policía dio el segundo golpe en la región, con 31 detenidos: ese apéndice se desarrolló principalmente en Cádiz, Málaga y Almería. La mayoría de los que declararon entonces quedaron en libertad, unos con cargos y los otros no. En total, y en la autonomía, el segundo golpe se centró en 52 empresas por un fraude cercano a los tres millones de euros.

La Fiscalía de Málaga señaló, entre otras irregularidades, las siguientes: creación ex profeso de sociedades para cazar subvenciones; algunas sociedades no estaban dadas de alta en la Seguridad Social cuando obtuvieron la ayuda; otras se dieron de baja nada más terminar el periodo ejecutivo de la resolución del 15 de diciembre de 2010; se informa de que algunas de ellas eran deudoras frente a Hacienda o la Seguridad Social.