La plantilla de Turismo Costa del Sol denuncia "despilfarro y prácticas antilaborales"

­La plantilla de Turismo y Planificación Costa del Sol, la nueva empresa de la Diputación, surgida de la integración del Patronato Provincial de Turismo Málaga-Costa del Sol y la Sociedad de Planificación y Desarrollo (Sopde), ha denunciado «despilfarros y recortes en los servicios y a la plantilla», mientras que la fusión ha supuesto tener dos gerentes, al mantenerse los de las dos empresas anteriores «con unos sueldos muy altos que no han sido recortados como los de la plantilla».

La plantilla de la nueva empresa la forman 70 personas (40 provenientes de la antigua Sopde y el resto del Patronato). El equipo de gobierno de la Diputación aprobó cuando se produjo la fusión una reducción salarial para todos los trabajadores de entre el 5 y el 26% «de manera definitiva». Mientras tanto se han mantenido «intactos» los sueldos de los dos gerentes, con unas retribuciones de 65.000 euros anuales en el caso del gerente proveniente de la Sopde y más alta aún en el caso del gerente proveniente del Patronato de Turismo.

La plantilla denuncia igualmente como desde la fusión se vienen externalizando servicios que hasta ahora venían realizando personal de la casa. Así se ha externalizado el servicio de gestión de nóminas que hasta entonces realizaba, con mucha más eficacia» que ahora, uno de los trabajadores, que fue despedido en la operación de fusión.

Igualmente se ha externalizado el servicio jurídico, «pese a que la Diputación tiene una asesoría jurídica y la nueva empresa también la tiene, pero estos servicios se llevan a la calle y en 2014 supusieron un gasto de 110.000 euros, según desveló el PSOE».

Los trabajadores denuncian y critican una aplicación «restrictiva» del decreto de medidas de racionalización de la Administración pública, «con un uso ilegal del mismo» que está causando «graves perjuicios al personal».

Contra esa aplicación del «decretazo» los trabajadores tienen presentadas dos demandas en los juzgados. Una por la eliminación de pluses y trienios de antigüedad y otra por las horas acumuladas, toda vez que el decreto establece un cómputo de 1.664 horas anuales y aquí «trabajamos 1.700 horas». Ello se debe a que la plantilla trabaja los días 24 y 31 de diciembre (el resto de la Diputación descansa esos días), lo que no está previsto en el decreto.

Al exigir a los trabajadores acudir al trabajo esos dos días obliga a la empresa a contratar «de manera especial a una empresa privada de seguridad sólo para esas dos jornadas». La plantilla denuncia igualmente que la dirección de la empresa descuente una parte de su nómina a las embarazadas que causan baja por esta situación, «en una aplicación nuevamente ilegal del decretazo ya que éste excluye de las deducciones salariales las bajas de las embarazadas, entre otras».