Una antigua broma entre abogados acaba comparando a Málaga con una pequeña Audiencia Nacional tanto por el alto volumen de casos judiciales como por la complejidad de los mismos. Lo cierto es que ese chascarrillo, que se hizo más verosímil que nunca con la concentración de macroprocesos, tiene reflejo en los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): Málaga es la provincia con mayor volumen de litigiosidad de todo el país, es decir, donde los ciudadanos acuden más a los tribunales para resolver sus diferencias, al menos en el primer trimestre de 2015.
El dato no deja lugar a dudas: en los juzgados de la provincia hay 68,41 casos por cada millar de habitantes, frente a los 46,6 de la media española. En Madrid, la litigiosidad está en 50,01 asuntos por cada mil ciudadanos; en Barcelona, esta cifra es de 41,58 y en Valencia de 47,49. Sevilla, por ejemplo, se acerca a la media malacitana con 55,05 procesos por cada millar de ciudadanos. La segunda provincia más saturada del país en el primer trimestre de 2015 ha sido Granada, con 61,55 casos.
Málaga se lleva la palma en los asuntos penales, de forma que hay 52,11 asuntos por cada mil habitantes. Esto no quiere decir que en Madrid o Barcelona no haya más asuntos, sino que proporcionalmente en la Costa del Sol hay un colapso importante en relación a los habitantes.
Los juzgados de Marbella son, según otro estudio reciente, los más saturados del país, y los de Estepona también están entre los más colapsados; lo mismo ocurre con los de Fuengirola o Torremolinos, así como con los de Torrox o Vélez.
En el caso de Marbella, la enorme estela de corrupción del gilismo sigue dejando huella y sólo en Instrucción 1 hay cerca de una treintena de macroprocesos derivados de Malaya o relacionados con convenios urbanísticos que perjudicaron a las arcas municipales.
En el resto de jurisdicciones, los juzgados de la provincia no salen tan malparados: en Civil hay 12,91 casos por cada mil habitantes, 2,12 en Social y 1,27 en lo Contencioso-Administrativo. Se da también la circunstancia, por ejemplo, de que los dos órganos de lo Mercantil de la provincia (encuadrados en la jurisdicción Civil) son de los más saturados del país. El número 1, en concreto, tiene el dudoso honor de ser la oficina judicial más colapsada de toda España. Tanto que en los últimos dos años sus últimos titulares, Enrique Sanjuán y Antonio Fuentes, muy valorados por los especialistas en la materia, lo han abandonado.
Adriano Moreno, responsable del Sindicato SPJ-USO, señaló que falta «personal en muchos juzgados y más órganos». «Todo no se puede fiar a la entrada de la Nueva Oficina Judicial, necesitamos jueces que pongan sentencias y funcionarios que tramiten expedientes», apunta.
Pone como ejemplo de la saturación cita la situación de los juzgados de lo Penal, que, en su opinión, necesitan dos funcionarios más pasando así de ocho a diez. Serían, dice Moreno, un tramitador y un gestor más para hacer frente a la bolsa de 20.000 sentencias sin ejecutar que hay en el área desde hace años. «Lo denunciamos en 2008, tras el crimen de Mari Luz, y se mantiene estable. Si se trata de un colapso no coyuntural habrá que poner medidas permanentes. Aquí lo que priman son los recortes y la justicia es un servicio esencial como la sanidad o la educación», apuntó.
En cuanto a los datos nacionales, los tribunales y juzgados españoles ingresaron 2,17 millones de asuntos en el primer trimestre del año, lo que supone una disminución del 2,3% respecto al mismo periodo de 2014, según el informe Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2015, que hizo ayer público la sección de estadística del CGPJ. El informe señala también que el número de asuntos resueltos entre el 1 de enero y el 31 de marzo pasado fue de 2,26 millones y que al final del periodo quedaban en trámite 2,48 millones.
