La Junta de Andalucía ha decidido iniciar el trámite administrativo exigido por la ley para retirar la concesión de los Baños del Carmen a las cuatro empresas que explotan ahora un enclave tan querido por los malagueños y que parece abocado a la polémica desde hace años, sin que ninguna institución sepa muy bien qué se puede hacer con el balneario.

Así, la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta en Málaga da 15 días a los empresarios, liderados por los exediles del PP Damián Caneda y José Luis Ramos, para que presenten las alegaciones y aporten la documentación que consideren oportuna, somete la extinción anticipada de la concesión al Consejo de Estado y señala que, una vez transcurrido el plazo de dos semanas para alegar y con los informes preceptivos, la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental resolverá el asunto.

Fuentes consultadas por La Opinión de Málaga explicaron que, lo normal, es que luego la Demarcación de Costas, es decir, el Gobierno, saque a concurso de nuevo la explotación del balneario. Eso sí, el trámite es tan tortuoso como la compleja partida de ajedrez que juegan todas las administraciones con competencias en la zona: el plazo para notificar la resolución del procedimiento por el que se declara la extinción será de hasta 18 meses, con lo que la decisión podría llegar a finales de 2016, apenas un año largo antes de que expire el actual periodo de explotación de la concesión, 2018.

La Junta ha alegado para tomar esta decisión un extremo que ya se conocía: Cuando Caneda, Ramos y sus socios compraron las acciones del Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen en septiembre de 2014 a los entonces concesionarios, las empresas Vera y Acha, no comunicaron formal y previamente la operación societaria a la Administración autonómica y, por tanto, la transmisión no fue válida. Ésa es la espita que abre el gas de la extinción de la concesión.

Proceso inválido

Luego, la Demarcación de Costas instó a la Junta a pronunciarse sobre si ese defecto era subsanable, pero ésta tachó de inválida la transmisión, tras lo que los concesionarios recurrieron. Luego, el Ejecutivo andaluz ratificó su decisión y, tras ella, ha decidido retirar la concesión a Caneda y los suyos, quienes ya avisaron a mediados de mayo pasado de que iban a llevar a la justicia «el atropello de la Junta».

Así, anunciaron que iban a mantener abierto el balneario, y, por tanto, seguirán ofreciendo el servicio hostelero, teatro y música. Además, ahora en este singular espacio se realizan numerosas actividades gastronómicas y culturales. «Iremos a la vía Contencioso-Administrativa para que un juez decida con independencia frente a este atropello», declaró Caneda en mayo.

La batalla en los tribunales, por tanto, será larga y paralizará varios años más el debate social y ciudadano sobre el uso de un lugar que ha echado raíces en el corazón de los malagueños, aunque antes la Junta deberá culminar el expediente de retirada de la concesión.