El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga se ha valido de un ardid para sortear la ley y mantener en sus puestos a ocho directivos municipales que, de aplicarse la ley en su reforma actual, no podrían continuar en sus puestos al no ser funcionarios.
La ley, en concreto el artículo 130 de la Ley de Bases de Régimen Local, reformada en diciembre de 2013, señala que el nombramiento de los coordinadores y de los directores generales «deberá efectuarse entre funcionarios de carrera». Antes de dicha reforma le ley permitía que estos cargos pudieran ofrecerse a licenciados universitarios, ingenieros y arquitectos, aunque no fuesen funcionarios.
El Ayuntamiento mantiene a un coordinador general y a siete directores generales, que si se aplicase la reforma de la ley no cumplirían el requisito legal de ser funcionarios. En concreto, serían el coordinador de Urbanismo, José Cardador -que es personal laboral con plaza fija en ese departamento, aunque no funcionario de carrera-; los directores generales de Medio Ambiente, Luis Medina Montoya; de Turismo, Javier Hernández; de Comunicación, Jesús Espino, y las directoras generales de Cultura, Susana Martín; de Comercio, Esther Molina y de Participación, Ruth Sarabia.
El equipo de gobierno ha sorteado la ley con el ardid de mantener sus nombramientos y sus puestos directivos sin más. Todos ellos fueron nombrados en 2011 y la ley no obliga a que se les cese o a dimitir al acabar el mandato del gobierno que les nombró. Por ello, al no ser cesados ni nombrados de nuevo no se debe aplicar la nueva ley y pueden seguir. El portavoz del PP, Mario Cortés, lo consideró algo «normal», dado que la ley «no tiene carácter retroactivo». «Por supuesto, cuando sean cesados o dimitan, serán sustituidos de acuerdo a la ley».
Por contra, la portavoz socialista, María Gámez, criticó que la recolocación de cargos demuestra que «la regeneración democrática que nos exigen no ha llegado a la capital». «Mantener a los coordinadores y directores que no son funcionarios es una trampa legal que va en contra de la petición de cambio que salió de las urnas y que vulnera el espíritu de la ley. Hablaban de regeneración y el primer paso que dan ya es en falso».
Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Juan Cassá, que hace poco más de una semana facilitó la investidura del alcalde, quiso dejar claro que prefiere funcionarios en lugar de cargos políticos, aunque matizó que el procedimiento actual en el Ayuntamiento es legal. «No lo veo correcto, pero no lo podemos cambiar con la ley en la mano», aseguró.
