El Sindicato de Trabajadores de la Administración Judicial (STAJ) exigió ayer formación para los funcionarios de Justicia ante la inminente entrada en vigor, el 1 de julio próximo, del texto reformado del Código Penal.

«Entre otras, la norma contiene novedades sobre la prisión permanente revisable, libertad condicional, nueva redacción del delito de asesinato, responsabilidad penal en sociedades mercantiles, derogación de las faltas y redefinición de los delitos en términos generales», precisa el sindicato.

STAJ considera que una reforma de esta entidad «exige con carácter urgente y extraordinario que se impartan cursos de formación específica para los juzgados afectados, ya que están en juego derechos fundamentales de los ciudadanos regulados en el título primero de la Constitución».

La formación para la aplicación de las nuevas leyes «ha de ser parte de un continuo proceso de reciclaje a que nos vemos obligados por la delicada materia a la que dedicamos nuestro trabajo. Por ello, solicitamos formación para los funcionarios en todas las instancias ministeriales y autonómicas».

Incluso, piden que esos módulos sean impartidos por el ministerio o las comunidades y que, bajo ningún concepto, «se deje en manos de sindicatos u otras organizaciones, afines a ellos o no, que pueden tener fines lucrativos por razones tan evidentes que están en mente de todos».

A falta de siete días para la entrada en vigor, «ni tan siquiera hemos recibido respuesta a nuestras peticiones, en ningún sentido, dando por supuesto que, una vez más, los funcionarios de la Administración de Justicia vamos a salvar otra nueva chapuza». «Podemos afirmar que a los cuerpos generales, que somos los que tramitamos físicamente los asuntos, no se nos ha facilitado información y explicación de esta importantísima reforma y, ni mucho menos, se nos ha dictado un protocolo de actuación para su implantación», asegura el STAJ.

El sindicato critica además la falta de implicación del Ministerio de Justicia y de las comunidades por mantener al personal «formado y motivado para el correcto ejercicio de su labor», y resalta, además, «el especial empeño de funcionarios y funcionarias para estar constantemente actualizados haciendo un esfuerzo de personal que jamás se les reconoce». «Esta reforma afecta a las urgencias de la justicia», concluye el sindicato tras advertir de disfunciones.