Estalla la guerra de las oficinas en la Ciudad de la Justicia. SPJ-USO y STAJ exigieron ayer, de nuevo, una redistribución de los espacios en el edificio, insistieron en que jueces, fiscales y secretarios judiciales ocupan los despachos que dan a la fachada exterior, por cuyas ventanas entra la luz natural y hay mayor ventilación, y pidieron que se les permita usar las salas multiusos que hay en esa zona noble, reservadas para las futuras Unidades de Apoyo Procesal (UPA) -pendientes de una reforma que nunca llega-. El problema va camino de convertirse en un enfrentamiento similar al del parking subterráneo.
La polémica, que se inició hace unas semanas, se ha reavivado después de que en un juzgado de Primera Instancia de la capital, el número 3, los funcionarios pidieran permiso a la secretaria judicial y a la Gerencia del edificio para usar la sala de usos múltiples. Ello ocurre en el ínterin en que el juzgado se encuentra sin juez. El problema es que esa habitación, precisamente, fue convertida por una antigua juez titular del órgano en su despacho, mucho más amplio que la estancia que le correspondería, explican. Esto no es exclusivo de este órgano, sino que en otros muchos, indistintamente, la sala de usos múltiples es usada por funcionarios o por los jueces y en otras simplemente se destina a las firmas o a las comparecencias.
Adriano Moreno, responsable de SPJ-USO, señala que no hay «espacio suficiente en las dependencias programadas como juzgados, y el despacho multiusos tiene 30 metros cuadrados, allí se ha previsto que vayan las UPA para el juez y en algunos sitios se meten dos, tres o cuatro funcionarios de apoyo. Hay muchas de esas salas en las que trabajan estos empleados públicos».
«Lo primero que tenía que haberse hecho es contar con nosotros a la hora de diseñar el edificio, de forma que cada puesto de trabajo tuviera espacio suficiente y los juzgados no estuvieran tan cerca unos de otros; si no hay espacio, la Gerencia habilita la sala multiusos para que ahí se pueda trabajar. Se les da utilidad, hay jueces que firman allí, otros en su propio despacho», precisó, al tiempo que insistió en que ha de dársele uso a esas oficinas. «Es evidente», aclara. Hay funcionarios «hacinados».
«La fachada exterior es para los jueces, los funcionarios dan al patio de luces interior, y ahora, encima, se están apagando algunas luces de los pasillos para ahorrar, por lo que tienen menos luz», aclara. Incluso, propone un plan para que se use la energía solar y el edificio pueda ser autosuficiente.
Juan Antonio Luque, de STAJ, se expresa de idéntica forma y, de hecho, ha remitido un escrito a la gerente de la Ciudad de la Justicia reclamando la redistribución de los espacios de trabajo, «ya que todas las dependencias que disfrutan de luz natural fueron destinadas a funcionarios jueces en lugar de ser integrados en un democrático reparto para el mayor aprovechamiento de la superficie útil y de la luz de Málaga».
Recuerda Luque que en los últimos años se han hecho estudios sobre multitud de casos de alergias de todo tipo y problemas de mayor o menor entidad en la salud que no se ha podido demostrar que sean consecuencia, indica, del síndrome del edificio enfermo. «Estos problemas han sido soportados en su totalidad por funcionarios de los cuerpos generales -gestión, tramitación y auxilio-, los mismos que quedaron privados de luz natural y obligados a pasar horas y horas en un ambiente cerrado cuya calidad sigue siendo objeto de quejas y problemas», añadió.
Por ello, exigió una reubicación de los trabajadores del edificio, al recordar que la sede judicial dispone de paneles móviles y es posible rediseñar la posición de todos los juzgados. Luque cree que hay buscar ideas para aprovechar mejor la infraestructura.
