El caso del fallecimiento del cabo Francisco Javier Soria Toledo en Líbano durante un bombardeo israelí el pasado 28 de enero ha llegado a la Audiencia Nacional, que en los próximos días deberá decidir si lo acepta. En caso de que así sea, será un tribunal civil el que investigue la muerte del militar, que su familia califica de «asesinato».
El hecho de que el caso de este malagueño esté a las puertas de ser instruido por un juez de la Audiencia Nacional ha sido posible por la iniciativa de los padres del militar, que se personaron como acusación particular en marzo, tras lo cual pidieron la inhibición del juzgado militar que llevaba el caso.
La inhibición del Juzgado Togado Militar número 11 ha tardado dos meses en llegar. En el auto correspondiente, dicho juzgado considera a la Audiencia Nacional «competente» para la tramitación del recurso de la familia y se compromete a facilitar toda la información que se le reclame, como pueden ser «los restos del proyectil» que impactó en la posición donde se encontraba el cabo Soria.
La intención de los padres del militar español, que participaba en la misión de la ONU en Líbano cuando falleció por un bombardeo del Ejército israelí, es «saber qué pasó, quién lo hizo y por qué», ya que consideran que la actuación del Ministerio de Defensa en todo este asunto «deja mucho que desear». La madre del cabo, Margarita Toledo, dijo ayer en rueda de prensa en Madrid que a su hijo lo han matado. «No ha sido un accidente y los responsables tienen que pagar por ello». «Estuvieron disparando durante más de dos horas, bombardeando a España», denunció la mujer.
Además, reprochó que el Gobierno no se ha puesto en contacto en ningún momento con ella, ni siquiera para transmitirle sus condolencias. «El presidente dio su pésame por Twitter, pero yo no tengo Twitter», lamentó.
Tampoco el Estado de Israel se ha dirigido a ella, a pesar de que, según aseguró, se puso en contacto con la embajada en Madrid, por lo que dice no saber nada de las indemnizaciones que habrían recibido la mujer y la hija del militar -que nació cinco días después de su muerte- y que corren a cargo del Gobierno español, el israelí y Naciones Unidas.
El secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume) y abogado de los padres del cabo, Mariano Casado, aseguró que entre los miembros de las Fuerzas Armadas hay «malestar y frustración» por cómo se ha gestionado por parte del Gobierno el caso del fallecimiento del casco azul. «Los militares que mueren por nosotros merecen un trato más digno», dijo, por lo que pide que se investigue «hasta donde se pueda».
