The Software Alliance (BSA), la organización que agrupa a las grandes multinacionales del sector como Microsoft, IBM, Oracle, Adobe o Nero, está realizando una campaña informativa para advertir a las empresas de los riesgos legales a los que enfrentan si usan programas sin licencia en sus sistemas informáticos corporativos, sobre todo tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal a partir de este próximo 1 de julio. En Andalucía casi seis de cada diez programas instalados en empresas es ilegal, al carecer de la correspondiente licencia del propietario, según el último estudio sobre piratería en España realizado por la consultora IDC, que sitúa el índice para la región en el 58% frente a la media del 45% nacional. En 2014, las empresas denunciadas e investigadas por uso de software ilegal tuvieron que afrontar multas e indemnizaciones que en su conjunto superaron los 800.000 euros, un 17% más que en 2013.

El 1 de julio entra en vigor, tras su reforma, el nuevo Código Penal, ¿cuál es el cambio en lo referente al uso de programas sin licencia?

Básicamente, ahora viene a decir que cualquier beneficio directo o indirecto que se obtenga de una infracción es delito, lo que incluye no pagar las licencias de programas de software. Hasta ahora no ocurría así. La normativa europa exigía que para que fuera delito tenía que haber un lucro comercial, y los juzgados de lo penal, de instrucción o la Fiscalía entendían que debía darse una transacción o unos ingresos. En el software no hay intercambio ni entrega por lo que casi siempre se trataba por la vía civil. La legislación actual venía de una directiva europea de mínimos y era un coladero, como se ha visto con temas como las webs de descarga. Por eso se ha modificado el artículo 270 del Código.

¿Esta modificación es una respuesta a las demandas del sector o el Gobierno lo hace también por otros factores?

En el famoso «Informe 301» que elabora el Gobierno de Estados Unidos, España siempre ha aparecido como uno de los países con mayor índice de piratería en el tema de la propiedad intelectual. Digamos que estábamos en observación y que hemos tenido que hacer algo. Esto va a beneficiar a las multinacionales norteamericanas, sí, pero también a las empresas españolas del ámbito del software. En BSA están integradas Microsoft o Adobe pero también Panda o Presto, que son firmas españolas muy importantes.

¿A qué penas exactamente se enfrentarían los directivos y las empresas que infrinjan la ley con el uso ilícito de software?

Lo que hace la modificación del Código Penal es aumentar las posibilidades de que estas prácticas sean perseguidas. Las penas para los directivos y administradores de empresas pueden ir de los seis meses a los cuatro años, que es el máximo que contempla la ley para algunos de estos casos. Luego están las multas, cuyas cuantías impone el juez. Pueden alcanzar máximos de 280.000 euros e irían parar a las arcas del Estado. Y hay que recordar que, el margen de los directivos, desde el año 2010 también hay una responsabilidad penal de la propia empresa, que pierde opciones como poder contratar con la administración pública o acceder a determinados beneficios fiscales.

¿Hay también compensación para las fabricantes?

Sí. En el ámbito de la responsabilidad civil también hay que indemnizar a las empresas cuyo software se ha utilizado sin licencia. En este caso, la indemnización se calcula en función de los programas que se pillen en cada empresa de forma pirata. Hay casos donde se ha detectado software por valor de 25.000 euros y otros, como los dos últimos registros realizados a partir de denuncias nuestras, donde se encontraron volúmenes de entre 300.000 y 700.000 euros.

¿Cómo se persigue la piratería empresarial desde The Software Alliance?

Hay dos tipos de actuación. La primera es de tipo técnico. Hay fabricantes con sistemas que controlan de forma legal si un programa está instalado sin licencia en una empresa, lo que supone una prueba para decidir luego cómo actuar. La otra vía es la tradicional: recibir denuncias de que se realizan estas prácticas. La BSA recibe en España unas 300 denuncias al año a través de su página web (muchas de empleados y exempleados de las propias compañías). Tras comprobar los casos nos suelen quedar unas 180 que dan lugar a una acción legal. Cada año se realizan así, a partir de nuestras denuncias, entre 20 y 30 registros judiciales por sorpresa en la sede de empresas para verificar el uso que hacen del software. En el resto de casos, lo que hacemos es remitir cartas para pedir a estas compañías que se pongan al día, advirtiéndoles de que si no lo hacen tomaremos las debidas medidas civiles o penales. La demandante en cada caso son nuestras empresas asociadas pero delegan en BSA para que las coordine.

¿Perciben que algunos segmentos empresariales son más proclives al uso de programas sin licencia?

Por desgracia, hay piratería en empresas de todos los sectores. En todas partes cuecen habas. Hay ejemplos en el campo de la ingeniería, la arquitectura, la construcción o el turismo, con programas de ofimática , de diseño gráfico o de software muy especializado. Para nosotros, lo más sangrante es comprobar que hay empresas que viven de la propiedad intelectual (por ejemplo, un estudio de arquitectura con sus planos, una firma de ingeniería o una consultora tecnológica), a quienes no les importa utilizar estos programas sin pagar la debida licencia.

¿Qué grado de penetración del software pirata hay en España en relación a Europa?

Estamos diez puntos por encima de la media Europea, lo que significa que tenemos que seguir trabajando en reducirlo. Estamos en un índice del 45% y Europa entre el 35% y el 36%. No obstante, hay que recordar que el grado de piratería ha bajado mucho respecto a hace unos años aunque con la crisis haya podido repuntar un poco.

¿Es muy caro para una pequeña empresa tener su software debidamente instalado? Lo digo porque, aunque no esté justificado, puede haber micropymes con economía de subsistencia que digan que no disponen de recursos para ello.

El tema del precio es un problema cada vez menor. Ahora puedes comprar licencias en los servidores cloud, en la nube, que te permiten hacer una suscripción y acceder al momento a los programas. Son opciones mucho más económicas que tener instalada una licencia en todos los equipos de una oficina. El que no tiene su software legal es por desidia o porque, sencillamente, no quiere. A veces, cuando se practican los registros judiciales vemos que hay empresas con un descontrol total. O sea, los propios directivos no sabían los que hacía su personal de sistemas y se metieron así en un lío. Y luego hay otra gente, aunque son minoría, que trabaja con programas sin licencia a sabiendas de lo que hace. Normalmente, las grandes compañías suelen tener en orden estos temas pero de ahí para abajo hay de todo, con firmas de mediano tamaño donde encontramos mucho software pirata.

¿Se plantean en algún momento perseguir a particulares?

No, nunca. Sólo vamos contra las empresas que se lucran con software pirata. Nuestra intención no es señalar a las personas individuales.