La 'Ley Mordaza' se estrena en Málaga

La Ley Mordaza se estrenó ayer en Málaga. Una quincena de activistas se reunieron a las puertas de la Ciudad de la Justicia para dar su apoyo a otros doce que debían ser juzgados por protestar precisamente contra ese texto el 20 de diciembre pasado en la plaza de la Constitución. Finalmente, el juicio se suspendió pero según explicó el portavoz de los concentrados, Ángel Narváez, varios agentes de la Policía Nacional se acercaron a ellos y los identificaron.

A algunos de ellos, añadió, incluso les advirtieron de la posibilidad de que les llegasen sanciones administrativas. La concentración, en la que había sindicalistas, miembros de movimientos sociales y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, también protestaban por la nueva Ley de Seguridad Ciudadana justo el día en que entraba en vigor, un texto muy contestado socialmente y que ha recibido el rechazo de toda la oposición y de numerosos movimientos ciudadanos.

La ley, entre otras cosas, castiga con fuertes multas a quien impida un desahucio, altere gravemente el orden público en las proximidades del Congreso, escale un monumento, acampe en la calle y ocupe una entidad bancaria. Las sanciones oscilan entre los 101 y los 600.000 euros.

De cualquier forma, el texto ha sido rebajado, pero sigue siendo muy duro. Por ejemplo, se prohíben las manifestaciones no comunicadas en lugares críticos como centros nucleares o aeropuertos, deslumbrar con dispositivos láser o desobedecer a la policía, las faltas de respeto a los agentes, ocupar espacios públicos, retirar las vallas que delimitan los perímetros de seguridad e incluso negarse a identificarse ante los funcionarios. La casuística va desde las infracciones leves hasta las muy graves.

Contra todo eso protestaban ayer los colectivos sociales a las puertas de la Ciudad de la Justicia, el mismo día que entró en vigor la reforma del Código Penal y su polémica prisión permanente revisable, contestada también por la oposición.

A la rueda de prensa que dieron los activistas sociales asistió el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, quien explicó que acudió en solidaridad con los 12 malagueños que tenían el primer juicio en España por protestar contra la norma. Así, especificó que el texto es un retroceso sin precedentes y una represión a la democracia intentando perseguir a la oposición.

Narváez, por su parte, indicó que el juicio de faltas se debía a no haber comunicado la manifestación y a supuestos insultos y amenazas contra los agentes. Narváez, también encausado, precisó: «Creemos que no es casual que se señalara nuestro juicio para hoy, que entra en vigor la ley; creemos que hay una intencionalidad política muy clara en que se nos fuera a juzgar justo hoy que entra en vigor esta ley precisamente por protestar contra ella». Se suspendió la vista porque la policía prevé presentar nuevas pruebas.

La norma criminaliza, en su opinión, «la protesta social y la convierte en un problema de orden público». La Fiscalía llegó a asegurar que las expresiones ofensivas lo fueron contra el Ministerio del Interior, lo que los denunciados consideran falso.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sacó ayer la cara por su texto y afirmó que el tiempo y la experiencia serán los que pongan de manifiesto que las críticas a la Ley de Seguridad Ciudadana, no están fundamentadas, y volvió a avalar su constitucionalidad y su carácter garantista. Es una norma «para nuestros tiempos, plenamente garantista» que cumple con el mandato constitucional a las fuerzas de seguridad de velar por la protección de la seguridad ciudadana y por los derechos y libertades.

Pero también se denunció ayer el nacimiento del texto al Derecho en las escalinatas del Ayuntamiento por parte de la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, los ediles y varios simpatizantes, que, ante los medios taparon sus bocas con cinta adhesiva en señal de protesta. Para la concejala, «las redes sociales están de luto por la democracia; después de 40 años volvemos al franquismo». En el transcurso de la concentración se gritaron consignas contra la norma.

Explicó además que una multa puede llevar a «la exclusión social a una familia», al ser muy elevada, y prescindirse del control judicial. Asimismo, la ley, en su opinión, vulnera numerosos derechos constitucionales, entre ellos el de la libertad de información.